WASHINGTON — Una evaluación de inteligencia de Estados Unidos recientemente desclasificada confirma que los analistas de las agencias de espionaje estadounidenses no encontraron coordinación entre la pandilla Tren de Aragua y el gobierno venezolano, lo que contradice las declaraciones que el gobierno del presidente Donald Trump utilizó para justificar la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros y deportar a inmigrantes venezolanos.
El memorando con partes censuradas del Consejo Nacional de Inteligencia muestra que no hay indicios de que el presidente venezolano Nicolás Maduro u otros funcionarios de alto rango del gobierno de la nación sudamericana estén dirigiendo las acciones del Tren de Aragua, una pandilla que se originó en una prisión de Venezuela.
Esto es así incluso cuando algunos funcionarios venezolanos de nivel medio a bajo pueden tener vínculos con la pandilla para obtener beneficios financieros, señala el documento.
“Si bien el entorno permisivo de Venezuela permite que el TDA opere, probablemente el régimen de Maduro no tiene una política de cooperación con el TDA y no está dirigiendo el movimiento y las operaciones del TDA en Estados Unidos”, se lee en el memorando que utiliza las siglas de Tren de Aragua. “Además, la mayoría del consejo juzga que la inteligencia que indica que los líderes del régimen están dirigiendo o facilitando la migración del TDA a Estados Unidos no es creíble”.
Trump ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones de personas que su gobierno ha etiquetado como miembros de la pandilla. La ley de tiempos de guerra del siglo XVIII fue creada para otorgar al presidente el poder de encarcelar o deportar a no ciudadanos en tiempos de guerra. Se ha utilizado tres veces, la más reciente cuando los estadounidenses de origen japonés fueron detenidos durante la Segunda Guerra Mundial.
El Consejo Nacional de Inteligencia ayuda a coordinar el trabajo de los servicios de inteligencia del país y sus conclusiones reflejan los hallazgos de agencias individuales.
Si bien el documento no encontró pruebas de una coordinación significativa entre Maduro y la pandilla, señala que los analistas del FBI tenían razones para creer que algunos funcionarios venezolanos pueden haber ayudado a algunos miembros de la banda a trasladarse a Estados Unidos y otros países “para avanzar en lo que consideran el objetivo del régimen de Maduro de desestabilizar gobiernos y socavar la seguridad pública”, según la evaluación.
Un portavoz del director de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, rechazó las afirmaciones de que la evaluación contradice a la Casa Blanca y señaló que sí encontró algunos vínculos entre funcionarios de nivel medio y bajo del gobierno de Maduro y la pandilla.
Gabbard publicó en las redes sociales el mes pasado que su oficina, que supervisa y coordina el trabajo de las 18 agencias de inteligencia del país, “apoya plenamente la evaluación de que la organización terrorista extranjera, Tren de Aragua, está actuando con el apoyo del régimen de Maduro, y por lo tanto está sujeta a arresto, detención y remoción como enemigos extranjeros de Estados Unidos”.
La portavoz de Gabbard, Alexa Henning, hizo referencia a la publicación el martes en respuesta a preguntas sobre la evaluación.
El análisis, que incluye censuras significativas, fue publicado esta semana después de que la Fundación para la Libertad de Prensa presentó una solicitud de registros abiertos, y fue reportado por primera vez por The New York Times. The Associated Press informó sobre los hallazgos de la evaluación el mes pasado.
Dos jueces federales han determinado que Trump está utilizando incorrectamente la Ley de Enemigos Extranjeros y prohibieron al gobierno remover inmigrantes bajo ella.
El juez de distrito Alvin K. Hellerstein de Nueva York dijo el martes que la ley de 1798 no puede usarse contra el Tren de Aragua porque no está atacando a Estados Unidos.
El Tren de Aragua “bien puede estar involucrado en el narcotráfico, pero eso es un asunto criminal, no una invasión o incursión depredadora”, escribió Hellerstein.
Los demócratas del Congreso federal acogieron la publicación del análisis y cuestionaron por qué Gabbard ha apoyado la justificación de Trump para las deportaciones, dado que tenía conocimiento del documento.
En un comunicado, los representantes Jim Himes de Connecticut y Joaquin Castro de Texas dijeron que Gabbard necesita explicar por qué sus comentarios públicos no coinciden con la evaluación de sus propias agencias.
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