El fiscal general de California, Rob Bonta, alega que la administración Trump violó las leyes federales de privacidad cuando entregó los datos de Medicaid de millones de inscritos a los funcionarios de deportación el mes pasado.
Asegura que tanto él como otros 19 fiscales generales de los estados, han demandado por la medida.
Los asesores del secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy Jr., ordenaron la entrega al Departamento de Seguridad Nacional de un conjunto de datos que incluye información sanitaria privada de personas residentes en California,
Illinois, el estado de Washington y Washington D.C., según informó por primera vez La Prensa Asociada el mes pasado. Todos esos estados permiten que los ciudadanos no estadounidenses se inscriban en programas de Medicaid que sufragan sus gastos utilizando únicamente el dinero de los contribuyentes estatales.
El inusual intercambio de información sanitaria privada, que incluía direcciones, nombres, números de la seguridad social, situación migratoria y datos de reclamaciones de los inscritos en esos estados, se puso a disposición de los funcionarios encargados de la deportación mientras aceleraban las medidas de aplicación de la ley en todo el país.
Los datos podrían usarse para ayudar al Departamento de Seguridad Nacional a localizar a los migrantes en su campaña de deportación masiva, dijeron los expertos.
Bonta dijo que la liberación de datos de la administración Trump viola las leyes federales de protección de la privacidad de la salud, incluida la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA).
“Se trata de burlarse de siete décadas de política y práctica de la ley federal que han dejado claro que los datos personales de atención médica son confidenciales y solo pueden compartirse en ciertas circunstancias estrechas que benefician la salud pública o el programa Medicaid”, dijo Bonta durante una conferencia de prensa el martes.
La administración Trump ha tratado de armar a los funcionarios de deportación con más datos sobre los inmigrantes.
En mayo, por ejemplo, un juez federal se negó a bloquear que el Servicio de Impuestos Internos compartiera los datos fiscales de los inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para ayudar a los agentes a localizar y detener a las personas que viven sin estatus legal en los EE. UU.
El movimiento para apuntalar los datos del gobierno federal sobre los inmigrantes inscritos en Medicaid parece haberse puesto en marcha en mayo, cuando los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid anunciaron que revisarían las listas de algunos estados para garantizar que los fondos federales no se hayan utilizado para pagar la cobertura de personas con “estatus migratorio insatisfactorio.”
Como parte de la revisión, los CMS pidieron a California, Washington e Illinois que compartieran detalles sobre los ciudadanos no estadounidenses que se han inscrito en el programa Medicaid de su estado, según un memorando del 6 de junio firmado por la subdirectora de Medicaid, Sara Vitolo.
El HHS está "tomando medidas enérgicas contra los estados que pueden estar haciendo un mal uso de los fondos federales de Medicaid", dijo el portavoz de la agencia Andrew Nixon en un comunicado.
La agencia no ha proporcionado detalles sobre el papel del DHS en el esfuerzo. Nixon también defendió la legalidad de la divulgación de los datos al DHS.
“El HHS actuó totalmente dentro de su autoridad legal, y en pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables, para garantizar que las prestaciones de Medicaid se reservan para las personas que tienen derecho legal a recibirlas”, dijo en el comunicado.
Decenas de congresistas demócratas -tanto de la Cámara de Representantes como del Senado- han enviado cartas a las agencias implicadas, exigiendo que cese el intercambio de datos y que Seguridad Nacional destruya la información que ha recibido hasta ahora.
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