WASHINGTON — La Corte Suprema rechazó el viernes la apelación del gobierno de Trump para reanudar rápidamente las deportaciones de venezolanos bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.
Con dos votos en contra, los jueces resolvieron una apelación de emergencia presentada por los abogados de hombres venezolanos acusados de pertenecer a pandillas, una designación que, según el gobierno, los hace elegibles para una expulsión rápida de Estados Unidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
El alto tribunal ya había ordenado la suspensión temporal de las deportaciones desde un centro de detención del norte de Texas mediante una orden emitida en la madrugada del mes pasado.
Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas discreparon.
Este caso se encuentra entre varios que se tramitan en los tribunales debido a la proclamación del presidente Donald Trump en marzo, que calificó a la pandilla Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera e invocó la ley de 1798 para deportar personas.
El caso del Tribunal Supremo se centra en la oportunidad que deben tener las personas para impugnar su expulsión de Estados Unidos, sin determinar si la invocación de la ley por parte de Trump fue apropiada.
“Reconocemos la importancia de los intereses de seguridad nacional del Gobierno, así como la necesidad de que dichos intereses se persigan de manera consistente con la Constitución”, declararon los jueces en una opinión sin firmar.
Al menos tres jueces federales han declarado que Trump estaba utilizando indebidamente la AEA para acelerar las deportaciones de personas que, según el gobierno, son pandilleros venezolanos.
El martes, un juez de Pensilvania autorizó el uso de la ley.
El enfoque de tribunal por tribunal para las deportaciones bajo la AEA se deriva de otra orden de la Corte Suprema que le quitó un caso a un juez en Washington, D.C., y dictaminó que los detenidos que busquen impugnar sus deportaciones deben hacerlo en el lugar donde se encuentran detenidos.
Los jueces declararon en abril que se debe dar a las personas un “plazo razonable” para presentar una impugnación.
El tribunal rechazó las 12 horas que la administración declaró suficientes, pero no especificó cuánto tiempo significaba.
La jueza federal de distrito Stephanie Haines ordenó a los funcionarios de inmigración otorgar 21 días a las personas, según su dictamen, en el que, según ella, las deportaciones podrían llevarse a cabo legalmente bajo la AEA.
El viernes, la Corte Suprema también dejó claro que no bloqueaba otras vías por las que el gobierno puede deportar personas.
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