Una jueza federal ordenó a la ciudad transferir las operaciones de sus cárceles en conflicto en Rikers Island a un administrador judicial independiente.
En una decisión emitida el martes, la jueza federal de distrito Laura Taylor Swain escribió que el administrador judicial independiente "apoyará la remediación de las continuas violaciones de los derechos constitucionales de las personas detenidas en las cárceles de la ciudad de Nueva York".
Según la decisión, el administrador judicial, conocido como "Nunez Remediation Manager", tendrá la facultad de "controlar, supervisar y dirigir todas las funciones administrativas, de personal, financieras, contables, contractuales, legales y otras funciones operativas del Departamento de Correccionales de la ciudad en la medida necesaria para lograr el cumplimiento de las disposiciones".
El fallo se produce tras años de idas y venidas a medida que las condiciones en la cárcel de Rikers Island empeoraban.
El pasado noviembre, Swain declaró a la ciudad en desacato por no haber frenado la violencia y la brutalidad en sus cárceles.
En una decisión escrita emitida en ese momento, Swain afirmó que la ciudad había puesto a las personas encarceladas en "peligro inconstitucional" al incumplir 18 disposiciones distintas de órdenes judiciales relativas a la seguridad, la dotación de personal, la supervisión, el uso de la fuerza y la seguridad de los jóvenes detenidos.
Celebran decisión
Su fallo se derivó de un litigio iniciado hace más de una década con acusaciones de la Sociedad de Asistencia Legal y otras entidades que afirmaban que el Departamento de Correccionales había incurrido en un patrón de uso excesivo e innecesario de la fuerza en Rikers.
En un comunicado, la Sociedad de Asistencia Legal calificó la decisión del martes de "histórica".
"Durante años, el Departamento de Correccionales de la Ciudad de Nueva York ha incumplido las órdenes de los tribunales federales para promulgar reformas significativas, permitiendo que la violencia, el desorden y la disfunción sistémica persistan en las cárceles", decía en parte el comunicado. "Este nombramiento marca un punto de inflexión crucial: un reconocimiento, ya merecido, de que los líderes de la Ciudad han demostrado ser incapaces de proteger la seguridad y los derechos constitucionales de las personas encarceladas".
En una conferencia de prensa el martes, el alcalde Eric Adams afirmó que la ciudad "cumpliría con las normas para mejorar las condiciones de Rikers", pero añadió que los "problemas en Rikers se vienen gestando desde hace décadas".
"¿Cuánta supervisión se va a realizar antes de darse cuenta de que existen algunos problemas sistémicos que hemos solucionado?", preguntó Adams. "Entonces, si el juez federal determinó que quieren hacer algo diferente y no le gusta lo que estamos haciendo, es un juez federal. Vamos a acatar las normas".
Una ley que ordena el cierre de Rikers para agosto de 2027 prohibió a la ciudad realizar mejoras en el complejo carcelario, afirmó Adams.
"No podemos gastar dinero en Rikers Island para mejorar las condiciones, porque requiere financiación de capital, y esta debe tener un plazo de varios años", explicó.
"Con este anuncio, espero que la jueza federal revise algunas de estas leyes, las que prohíben esposar a reclusos peligrosos durante su traslado", añadió. "Espero que revise el plan de financiación que tenemos, que nos libere y que podamos invertir fondos para mejorar las instalaciones".
Las partes del caso tienen como plazo el 29 de agosto para presentar hasta cuatro recomendaciones sobre quién debería ser el administrador externo.
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