Se espera que la Corte Suprema evalúe mañana una solicitud relacionada con la orden ejecutiva del presidente Trump de negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados, o de cualquier otra persona que no cuente con un estatus legal permanente en el país.
Específicamente, los magistrados deberán decidir si permiten a la administración de Trump limitar las prohibiciones a la entrada vigencia del decreto para que cubran solo a las partes que han presentado demandas. Esto incluye 22 estados y varios grupos proinmigrantes.
Cortes inferiores han bloqueado la entrada en vigor de la orden ejecutiva a nivel nacional.
Si el tribunal acepta limitar la capacidad de los jueces para emitir órdenes judiciales a nivel nacional o universal, las restricciones podrían entrar en vigor por ahora en al menos 27 estados.
Barbara, una emigrante cubana con 30 semanas de embarazo de alto riesgo, lidia con el estrés adicional de no saber con certeza si su bebé será ciudadana estadounidense.
"Me asusta mucho que mi bebé nazca sin ciudadanía porque no sería ciudadana de este país. Reclamar la ciudadanía cubana no es una opción porque estamos huyendo de ese país", expresó. "Realmente no sé qué tipo de futuro enfrentaría mi bebé. Me aterra que mi bebé nazca sin ciudadanía. Sería como si fuera apátrida. Es terrible".
La mujer de 35 años vive en Kentucky, que no está entre los 22 estados que demandaron para impugnar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que negaría la ciudadanía a los niños nacidos en suelo estadounidense de padres que están en el país de forma ilegal o temporal.
En los argumentos del jueves, la Corte Suprema evalúa la solicitud del gobierno de Trump de limitar esas órdenes judiciales para que cubran solo a las partes que demandaron en el tribunal federal. Los niños afectados nacidos en Kentucky no serían ciudadanos si el tribunal se pone del lado del gobierno.
La mujer accedió a una entrevista con The Associated Press con la condición de que no se usara su apellido y su rostro no se mostrara en cámara.
Barbara se ha unido al Proyecto de Defensa de Solicitantes de Asilo, uno de los grupos que demandó por la ciudadanía por nacimiento. Los miembros del grupo probablemente estarían protegidos bajo las órdenes judiciales.
Ella era abogada en Cuba antes de huir de la persecución religiosa en 2022 con su esposo, una hija, ahora de cuatro años, y sus padres, comentó Barbara. Han pedido asilo político en Estados Unidos.
"No quisiera que mi hija creciera en una sociedad que la excluya. Como ciudadana, tendrá muchos derechos. No sé exactamente a cuántos lugares no podría acceder si no fuera ciudadana", manifestó Barbara.
Un posible resultado del caso judicial es que los bebés nacidos de madres inmigrantes al mismo tiempo en el mismo hospital estadounidense tendrían un estatus diferente. Uno podría ser ciudadano estadounidense; otro podría no serlo.
La ciudadanía por nacimiento es uno de los varios temas que el gobierno ha pedido al tribunal que aborde de manera urgente, después de que cortes inferiores actuaron para frenar el programa de Trump. Varios de esos temas están relacionados con la inmigración. Los jueces están considerando las peticiones del gobierno de poner fin al permiso humanitario para más de 500.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y retirar otras protecciones legales temporales a otros 350.000 venezolanos.
El ejecutivo también mantiene batallas legales sobre sus esfuerzos para deportar rápidamente a personas acusadas de ser miembros de pandillas a una prisión en El Salvador bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII llamada Ley de Enemigos Extranjeros.
Si el tribunal acepta limitar la capacidad de los jueces para emitir órdenes judiciales a nivel nacional o universal, las restricciones podrían entrar en vigor por ahora en al menos 27 estados.
La lucha actual es sobre qué reglas se aplicarán mientras las demandas avanzan en los tribunales. Aunque no se espera que el tribunal superior emita una decisión final sobre la ciudadanía por nacimiento, un fallo a favor del gobierno podría llevar a un confuso, aunque temporal, mosaico de reglas que podrían diferir según el estado en el que nazcan los niños o si son miembros de grupos de derechos de inmigrantes que demandaron.
La ciudadanía por nacimiento convierte automáticamente a cualquier persona nacida en Estados Unidos en ciudadano estadounidense, incluidos los niños nacidos de madres que están en el país de forma ilegal, según reglas muy antiguas. El derecho quedó consagrado poco después de la Guerra Civil en la primera oración de la 14ta Enmienda de la Constitución.
"Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen", dice la Cláusula de Ciudadanía.
Desde al menos 1898 y el caso de la Corte Suprema de Wong Kim Ark, la disposición ha sido ampliamente interpretada para hacer ciudadanos a todos los nacidos en suelo estadounidense, excepto a los hijos de diplomáticos, que tienen lealtad a otro gobierno; enemigos presentes en Estados Unidos durante una ocupación hostil; y, hasta que una ley federal cambió las cosas en 1924, tribus indígenas estadounidenses soberanas.
Trump y sus partidarios han argumentado que debería haber estándares más estrictos para convertirse en ciudadano estadounidense, lo que él llamó "un regalo de valor incalculable y profundo" en la orden ejecutiva.
En el caso de la Corte Suprema, el gobierno dedica poco tiempo a defender la orden ejecutiva de Trump, centrándose en cambio en lo que llama "una epidemia" de órdenes judiciales a nivel nacional o universal.
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