WASHINGTON — Un juez federal permitió el jueves que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump proceda con un requerimiento que exige que todas las personas que se encuentren en Estados Unidos sin autorización legal se registren con el gobierno federal y presenten documentación, una medida que podría tener repercusiones de gran alcance para los inmigrantes en todo el país.
El juez Trevor Neil McFadden, quien fue designado al cargo por Trump, falló a favor del gobierno, el cual había argumentado que simplemente aplicando un requerimiento ya existente para que todos los que estén en el país y no fueran ciudadanos estadounidenses se registren con el gobierno. McFadden no abordó en su decisión la base de estos argumentos, sino que se centró principalmente en la cuestión técnica de si los grupos que intentaban detener el requerimiento tenían fundamentos legales para presentar sus reclamos. El juez dictaminó que no los tenían.
El requerimiento entra en vigor el viernes.
Inmediatamente después del fallo, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) enfatizaron en un comunicado de prensa que el viernes es la fecha límite para que se registren aquellos que ya han estado en el país durante al menos 30 días y que, en adelante, el requerimiento de registro se aplicará en su totalidad.
"El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para aquellos que están en nuestro país ilegalmente: váyanse ahora. Si se van ahora, pueden tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano", dijo la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem en el comunicado. "La gobierno de Trump aplicará todas nuestras leyes de inmigración; no elegiremos qué leyes haremos cumplir. Debemos saber quién está en nuestro país por la seguridad de nuestra patria y la de todos los estadounidenses".
Aunque persisten preguntas sobre cómo funcionará el requerimiento de registro, podría tener un impacto de gran alcance. El gobierno federal, que ha intentado cumplir con su promesa de campaña de llevar a cabo deportaciones a gran escala, ha dicho que entre 2,2 millones y 3,2 millones de personas podrían verse afectadas.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció el 25 de febrero que ordenaría que todas las personas que estuvieran en Estados Unidos de manera ilegal se registraran con el gobierno federal, y dijo que aquellos que no lo hicieran podrían enfrentar multas o ser enjuiciadas. No registrarse se considera un delito, y las personas estarán obligadas a llevar documentos de registro con ellos o arriesgarse a pasar tiempo en prisión y pagar multas.
El registro será obligatorio para todos los mayores de 14 años que no cuenten con estatus legal. Las personas que se registren deben proporcionar sus huellas dactilares y dirección, y los padres y tutores de cualquier persona menor de 14 años deben asegurarse de registrarla.
El proceso de registro también se aplica a los canadienses que estén en Estados Unidos por más de 30 días, como los que pasan los meses de invierno en lugares cálidos, como Florida.
La ley federal de inmigración ha requerido durante mucho tiempo que aquellos que no son ciudadanos estadounidenses y viven en el país, incluidas las personas que están aquí ilegalmente, se registren con el gobierno. Estas leyes se remontan a la Ley de Registro de Extranjeros de 1940, que surgió en medio de crecientes temores de inmigrantes y subversivos políticos en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial. Los requisitos actuales provienen de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952.
Pero el requerimiento de registro sólo se ha aplicado en raras circunstancias. De hecho, los detractores afirman que no se ha utilizado universalmente desde que se introdujo por primera vez a mediados de la década de 1940.
Se utilizó de manera limitada después del 11 de septiembre de 2001, cuando el Sistema de Registro de Entrada-Salida de Seguridad Nacional requería que todos los hombres no ciudadanos de 16 años o más provenientes de 25 países, casi todos árabes o musulmanes, se registraran con el gobierno. El programa no llevó a ninguna condena por terrorismo, pero provocó que más de 13.000 personas fueran sujetas a procedimientos de deportación. La medida fue suspendida en 2011 y disuelta en 2016.
El gobierno de Trump ha argumentado que el requerimiento de registro siempre ha existido y que los funcionarios simplemente lo están ejerciendo.
Los grupos que presentaron la demanda afirman que el gobierno debería haber pasado por el proceso de notificación pública antes de implementar el cambio, y que simplemente lo está aplicando para facilitar el objetivo del presidente Donald Trump de llevar a cabo deportaciones masivas.
Argumentan que el registro pone en un enorme dilema a quienes trabajan, contribuyen a la economía y tienen profundos lazos familiares en el país: ¿Se presentan, se registran y esencialmente entregan su ubicación a un gobierno que intenta llevar a cabo deportaciones masivas, o permanecen a la sombra y se arriesgan a ser acusados del delito de no registrarse?
El gobierno ya ha pedido a las personas sujetas al requerimiento de registro que creen una cuenta en el sitio web de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
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