La decisión de la ciudad de Key West de cancelar su acuerdo de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha escalado a un conflicto legal con el gobierno estatal.
Tras esta votación el 30 de junio, el Fiscal General de Florida, James Uthmeier, advirtió por escrito a los comisionados que podrían ser destituidos si no restablecen el convenio bajo el programa federal 287(g).
En una carta enviada directamente a los funcionarios electos, Uthmeier sostuvo que Key West está “violando la ley estatal al impedir que sus oficiales se capaciten y cooperen con autoridades federales de inmigración”. En el documento, el Fiscal General amenazó con aplicar “todas las sanciones civiles y penales disponibles”, incluyendo la remoción de sus cargos.
La medida ha generado preocupación entre líderes locales, defensores de los derechos civiles y expertos constitucionales, al poner en duda los límites del poder estatal sobre la autonomía municipal. En marzo, la ciudad de Fort Myers enfrentó una amenaza similar del Fiscal General tras considerar cancelar su propio acuerdo 287(g). Finalmente, revirtieron la medida bajo presión.
"Los comisionados de Key West han estado al lado de nuestra humanidad, de nuestra dignidad, de la constitución americana. Ellos están haciendo su trabajo como comisionados electos por su pueblo", expresó Felipe Sousa, director de la organización Hope Community.]
En la sesión de Key West, cargada de tensión y participación ciudadana, la Comisión de la ciudad votó 6 a 1 a favor de cancelar el acuerdo firmado en 2022 entre el Departamento de Policía de Key West e ICE. El programa permitía que oficiales locales, tras recibir entrenamiento federal, ayudaran a identificar y retener a personas sin estatus migratorio durante su detención.
“Vine aquí esta noche con un arma en la cabeza, preparándome para votar en contra de la resolución. Decisiones tomadas con el corazón tienden a traer problemas, pero espero que esta no perjudique a la ciudad”, señaló Donie Lee, exjefe de Policía y actual comisionado de Key West.
“Poco tiempo después, me informaron que el gobernador había dejado claro cómo podría destituir a un jefe de la policía si no firmábamos el acuerdo 287 (g). Esto obviamente, hizo que la situación fuera más urgente para mí”, reconoció Sean Brandenburg, jefe de Policía de Key West.
"Es una dictadura prácticamente, al obligar a los líderes a seguir algo de lo cual los poderes no necesitan ejercer porque no son agencias federales", sostuvo la activista Ana Lamb.
Luego de recibir la misiva por parte del Fiscal General del estado, los comisionados de la ciudad tendrán una reunión especial para nuevamente abordar su postura con relación al polémico acuerdo. La reunión se llevará a cabo el próximo martes, 8 de julio.
En Orlando
Jorge Vélez - Spectrum Noticias
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