QUITO  — La fiscal general ecuatoriana Diana Salazar, que investigó y procesó los mayores casos de corrupción del país y logró la sentencia del expresidente Rafael Correa, ministros de Estado y otros altos funcionarios, presentó el martes la renuncia a su cargo tras cumplir el período para el cual fue escogida. 

“Aferrarse a los cargos no le hace bien al país en un Estado que clama por institucionalidad, como el nuestro", dijo en un vídeo publicado en la cuenta de X, antes Twitter, de la Fiscalía. 

Señaló que “mi equipo y yo hemos realizado esta labor por el compromiso y trabajo incansable contra la impunidad” y destacó que “nunca nos sentimos solos, nunca dudamos, la evaluación final la hará la ciudadanía”.

Salazar ingresó a la Fiscalía hace 24 años en calidad de asistente de fiscal y progresivamente fue escalando posiciones hasta que el año 2019, tras ganar un concurso público, fue posesionada como fiscal general. Será reemplazada por el fiscal subrogante Wilson Toainga.

Su renuncia será conocida y tramitada por la Asamblea, de acuerdo con la ley.

A través de X la funcionaria renunciante emitió el siguiente comunicado.

 

 

En una carta enviada a ese organismo, Salazar señaló que “los mafiosos no me perdonarán haber desmantelado sus redes criminales” por lo cual desde el inicio de la gestión “he vivido bajo amenaza constante y he perdido la libertad de moverme con normalidad”. Por ello, sostuvo, se radicará afuera del país, sin precisar adónde irá.

Entre los principales actores políticos que estuvieron bajo investigación durante su gestión, están el expresidente Correa (2007-2017), prófugo y sentenciado en varios casos de corrupción y los exmandatarios Lenín Moreno (2017-2021) por cohecho y Guillermo Lasso (2021-2023), sobreseído de las acusaciones de peculado por falta de pruebas.

También el exvicepresidente Jorge Glas, en prisión por corrupción, al igual que varios ministros del gobierno de Correa y altos funcionarios del sector energético, del Poder Judicial y de la policía, entre otros.

Entre los casos que conmocionaron al país están también el denominado Metástasis, en el cual se demostró la influencia y estrecha relación del narcotráfico con el sector judicial, político y mandos de la policía.

De esta investigación se derivaron otros dos procesos que evidenciaron las relaciones entre políticos y grupos criminales.

Uno de los últimos casos en que Salazar desempeñó su función fue el denominado Reconstrucción, en el que está presuntamente involucrado Glas en el supuesto mal uso de recursos públicos en la contratación de obras de reconstrucción de un terremoto de 2016.

Salazar sorteó los intentos de grupos políticos críticos de su gestión como la Revolución Ciudadana liderada por Correa que buscaron su destitución.

A finales del año pasado Salazar fue considerada por la revista Time entre las 100 mujeres más influyentes del mundo.

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