WASHINGTON — El gobierno de Trump solicitó el viernes a la Corte Suprema que autorice el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk a los sistemas de la Seguridad Social que contienen datos personales de millones de estadounidenses.
La apelación de emergencia es la primera de una serie de solicitudes ante el alto tribunal relacionadas con el ágil trabajo de DOGE en el gobierno federal.
Esto se produce después de que un juez de Maryland restringiera el acceso del equipo a la Seguridad Social amparándose en las leyes federales de privacidad. La agencia conserva los registros personales de casi todos los habitantes del país, incluyendo expedientes académicos, datos bancarios, información salarial y registros médicos y de salud mental de beneficiarios de discapacidad, según documentos judiciales.
El gobierno afirma que el equipo necesita acceso para abordar el despilfarro en el gobierno federal. Musk, quien se prepara para retirarse de su trabajo con DOGE, se ha centrado en la Seguridad Social como un presunto foco de fraude. El multimillonario empresario la ha descrito como un "esquema Ponzi" e insistió en que reducir el despilfarro en el programa es una forma importante de recortar el gasto público.
El Solicitador General John Sauer argumentó el viernes que las restricciones impuestas por la jueza perturban la importante labor de DOGE e interfieren indebidamente en las decisiones del poder ejecutivo. "Si no se modifica, esta orden preliminar solo provocará más incursiones judiciales en la toma de decisiones interna de la agencia", escribió.
Solicitó a los jueces que bloquearan la orden de la jueza de distrito estadounidense Ellen Hollander en Maryland mientras se resuelve la demanda.
Un tribunal de apelaciones se negó previamente a levantar de inmediato el bloqueo del acceso a DOGE, aunque se dividió según líneas ideológicas. Los jueces conservadores, pertenecientes a la minoría, afirmaron que no hay pruebas de que el equipo haya realizado "espionaje selectivo" ni haya expuesto información personal.
La demanda fue presentada originalmente por un grupo de sindicatos y jubilados representados por el grupo Democracy Forward. La Corte Suprema les solicitó una respuesta a la apelación de la administración antes del 12 de mayo.
Se han presentado más de dos docenas de demandas por la labor de DOGE, que ha incluido profundos recortes en agencias federales y despidos masivos.
Hollander concluyó que los esfuerzos de DOGE en la Seguridad Social equivalían a una "expedición de pesca" basada en "poco más que una sospecha" de fraude.
Su orden permite a su personal acceder a datos que se han anonimizado, pero la administración Trump ha afirmado que DOGE no puede trabajar eficazmente con esas restricciones.
Elizabeth Laird, de la organización sin fines de lucro Centro para la Democracia y la Tecnología, afirmó que el amplio acceso a datos personales sensibles representa una grave amenaza. "Si DOGE obtiene esta información, abre las puertas a una serie de posibles perjuicios. También normaliza una práctica muy peligrosa para otras agencias federales", declaró.
El sistema judicial del país ha sido el epicentro de la oposición a la radical agenda conservadora del presidente Donald Trump, con cerca de 200 demandas presentadas que impugnan políticas en diversos ámbitos, desde inmigración y educación hasta despidos masivos de empleados federales.
Entre los casos que han llegado a la Corte Suprema hasta ahora, los jueces han emitido algunos fallos mayoritariamente procesales que favorecen a la administración, pero han rechazado los argumentos generales del gobierno en otros casos.
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