WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el lunes al gobierno del presidente Donald Trump utilizar una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para deportar a migrantes venezolanos, pero afirmó que éstos deben tener una audiencia judicial antes de ser sacados del país.
En una decisión de 5-4, la corte dijo que el gobierno debe dar a los venezolanos a los que acusa de ser miembros de pandillas un "tiempo razonable" para recurrir a los tribunales.
Sin embargo, la mayoría conservadora indicó que las impugnaciones judiciales deben llevarse a cabo en Texas, y no en un tribunal de Washington.
En su disenso, los tres jueces liberales dijeron que el gobierno ha buscado evitar la revisión judicial en este caso y que la corte "ahora recompensa al gobierno por su comportamiento". La jueza Amy Coney Barrett se sumó a partes del disenso.
Los jueces resolvieron la apelación de emergencia que presentó el gobierno después de que la corte de apelaciones federal en Washington ratificara una orden que prohibía temporalmente las deportaciones de los migrantes acusados de ser miembros de pandillas al amparo de la raramente utilizada Ley de Enemigos Extranjeros.
La acción del tribunal parece impedir que el gobierno reanude de inmediato los vuelos que el mes pasado transportaron a cientos de migrantes a una prisión de mala reputación en El Salvador.
Los vuelos se produjeron poco después de que el presidente Donald Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial para justificar las deportaciones bajo una proclamación presidencial que calificaba a la pandilla Tren de Aragua de fuerza invasora.
La mayoría no se pronunció sobre estos vuelos, que despegaron sin celebrar la audiencia que los magistrados ahora consideran necesaria.
En su voto disidente, los tres magistrados liberales afirmaron que el gobierno ha intentado evitar la revisión judicial en este caso y que el tribunal "ahora recompensa al gobierno por su comportamiento". La jueza Amy Coney Barrett se sumó a parte del voto disidente.
La jueza Sonia Sotomayor afirmó que sería más difícil para las personas impugnar las deportaciones individualmente, dondequiera que se encuentren detenidas, y señaló que el gobierno también ha declarado en otro caso ante el tribunal que no puede devolver a las personas que han sido deportadas a la prisión de El Salvador por error.
“Nosotros, como nación y como tribunal de justicia, deberíamos ser mejores que esto”, escribió.
Los jueces actuaron en respuesta a la apelación de emergencia del gobierno después de que el tribunal federal de apelaciones en Washington mantuviera vigente una orden que prohíbe temporalmente las deportaciones de migrantes acusados de ser pandilleros bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, poco utilizada.
“A pesar de toda la retórica de los disidentes”, escribió el tribunal en una opinión sin firma, la orden del alto tribunal confirma “que los detenidos sujetos a órdenes de deportación bajo la AEA tienen derecho a ser notificados y a la oportunidad de impugnar su deportación”.
El caso se ha convertido en un punto álgido en medio de la creciente tensión entre la Casa Blanca y los tribunales federales. Es la segunda vez en menos de una semana que una mayoría de jueces conservadores le otorga a Trump al menos una victoria parcial en una apelación de emergencia después de que tribunales inferiores bloquearan partes de su agenda.
Varios otros casos están pendientes, incluyendo el plan de Trump de negar la ciudadanía a los hijos nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país sin autorización.
Trump elogió a la corte por su acción del lunes.
"La Corte Suprema ha defendido el Estado de Derecho en nuestra nación al permitir que un presidente, quienquiera que sea, pueda asegurar nuestras fronteras y proteger a nuestras familias y a nuestro propio país. ¡UN GRAN DÍA PARA LA JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!", escribió Trump en su sitio web Truth Social.
La orden original que bloqueaba las deportaciones a El Salvador fue emitida por el juez federal de distrito James E. Boasberg, juez principal del tribunal federal en Washington.
Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentaron la demanda en nombre de cinco extranjeros venezolanos detenidos en Texas, horas después de que se hiciera pública la proclamación y mientras las autoridades migratorias conducían a cientos de migrantes hacia aviones que los esperaban.
Boasberg impuso una suspensión temporal de las deportaciones y también ordenó que aviones llenos de inmigrantes venezolanos regresaran a Estados Unidos. Esto no ocurrió. El juez celebró una audiencia la semana pasada para determinar si el gobierno desafió su orden de devolver los aviones. El gobierno ha invocado el "privilegio de secreto de estado" y se ha negado a proporcionar a Boasberg información adicional sobre las deportaciones.
Trump y sus aliados han pedido que se proceda al impeachment de Boasberg. En una declaración poco habitual, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, afirmó que "el impeachment no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial".
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