WASHINGTON — La Corte Suprema rechazó el lunes la apelación de un reo de Texas condenado a muerte, cuya solicitud de un nuevo juicio contó con el apoyo de la fiscalía que originalmente lo condenó a muerte.
Los jueces mantuvieron en pie un fallo de la corte de apelaciones de Texas que confirmó la condena por asesinato y la pena de muerte de Areli Escobar, a pesar de que el caso de Escobar es similar al de Richard Glossip, un hombre de Oklahoma, cuya condena por asesinato fue anulada recientemente por el alto tribunal.
Los jueces no explicaron por qué la apelación de Escobar tuvo un destino diferente.
A diferencia del caso de Glossip, Escobar no enfrenta una ejecución inminente.
El Tribunal de Apelaciones Penales de Texas ha rechazado dos veces las apelaciones de Escobar. La primera vez se produjo tras la decisión de un tribunal inferior que ordenó un nuevo juicio después de que el juez identificara problemas con las pruebas.
Más recientemente, la corte de apelaciones falló nuevamente en contra de Escobar después de que la Corte Suprema le ordenara una reconsideración.
Escobar fue declarado culpable y condenado a muerte por el apuñalamiento fatal y la agresión sexual en mayo de 2009 de Bianca Maldonado, una estudiante de preparatoria de 17 años en Austin. Vivían en el mismo complejo de apartamentos.
La acusación contra Escobar se centró en las pruebas del laboratorio de ADN del Departamento de Policía de Austin.
Sin embargo, una auditoría posterior reveló problemas en el laboratorio que llevaron al juez David Wahlberg, del Tribunal de Distrito del Condado de Travis, a concluir que el juicio de Escobar fue injusto.
“El uso por parte del Estado de pruebas de ADN poco fiables, falsas o engañosas para asegurar la condena (de Escobar) violó principios fundamentales de justicia”, escribió Wahlberg.
Cuando el caso regresó a la Corte de Apelaciones Penales de Texas, los fiscales del Condado de Travis ya no defendían la condena. Los votantes habían elegido a un nuevo fiscal de distrito, José Garza, quien se postuló con la promesa de exigir responsabilidades a la policía en Austin, la capital del estado y sede del condado.
En el caso de Glossip, el fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, respaldó la petición de anular la condena y la pena de muerte, ya que el descubrimiento de nuevas pruebas lo convenció de que Glossip no había tenido un juicio justo.
Los jueces coincidieron y dictaminaron que la decisión de la fiscalía de permitir que un testigo clave diera testimonio a sabiendas de su falsedad violaba el derecho constitucional de Glossip a un juicio justo.
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