Un juez impidió que el alcalde Eric Adams permitiera a las autoridades federales de inmigración reabrir una oficina en la principal cárcel de la ciudad, en parte debido a la preocupación de que el alcalde las invitara de nuevo como parte de un acuerdo con la administración Trump para cerrar su caso de corrupción.

La decisión de la jueza neoyorquina Mary Rosado representa un revés para el alcalde demócrata Adams, quien emitió una orden ejecutiva que permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y a otras agencias federales mantener oficinas en el complejo carcelario de Rikers Island. 

Legisladores de la ciudad presentaron una demanda en abril acusando a Adams de llegar a un acuerdo corrupto de compensación con la administración Trump a cambio de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos retirara los cargos penales en su contra.

Rosado bloqueó temporalmente la orden ejecutiva en abril. Al otorgar una orden judicial preliminar, afirmó que los miembros del consejo municipal han demostrado “probablemente tener éxito al demostrar, como mínimo, la apariencia de un quid pro quo, mediante el cual el alcalde Adams accedió públicamente a traer el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de regreso a Rikers Island a cambio de la desestimación de sus cargos penales”.

 

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Rosado citó varios factores, incluyendo las declaraciones televisadas del zar fronterizo estadounidense, Tom Homan, en febrero, en las que dijo que si Adams no cumplía, “estaré en su oficina, dándole la lata diciéndole: ‘¿Dónde demonios está el acuerdo al que llegamos?’”.

 

Adams niega acuerdo

Adams ha negado repetidamente haber llegado a un acuerdo con la administración sobre el caso penal. Ha dicho que delegó en su primer vicealcalde, Randy Mastro, la toma de decisiones sobre el regreso del ICE a Rikers Island para asegurarse de que no hubiera aparente conflicto de intereses.

Rosado afirmó que Mastro reporta a Adams y “no puede considerarse imparcial ni ajeno a los conflictos de intereses del alcalde Adams”.

Mastro declaró el viernes que la administración confiaba en que prevalecerían en el caso.

"Seamos clarísimos: esta orden ejecutiva se refiere al enjuiciamiento penal de las pandillas transnacionales violentas que cometen delitos en nuestra ciudad. Nuestra administración nunca ha hecho, ni hará, nada que ponga en peligro la seguridad de los inmigrantes respetuosos de la ley, y esta orden ejecutiva también garantiza su seguridad", declaró Mastro.

La presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, quien se postula en las primarias demócratas para la alcaldía, calificó la decisión como una victoria para la seguridad pública.

"Los neoyorquinos cuentan con que nuestra ciudad proteja sus derechos civiles, y sin embargo, el alcalde Adams ha intentado traicionar esta obligación al ceder el control de nuestra ciudad al ICE de Trump, porque él está comprometido", expresó en una declaración.

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