Esta semana, toda la atención estará puesta en el Senado de EE. UU., donde los senadores debatirán qué hacer tras la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de la Ley "One Big Beautiful Bill" del presidente Donald Trump el mes pasado.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, instan a los senadores a votar en contra.
El domingo se manifestaron en Brooklyn para destacar lo que, según ellos, podría suceder si el proyecto de ley se convierte en ley y señalaron que esas disposiciones serían perjudiciales para el estado.
"Las residencias de ancianos cerrarán, los hospitales cerrarán y los Centros de Salud Comunitarios perderán financiación", declaró Jeffries. "Los republicanos de la Cámara de Representantes de Nueva York no fueron más que un simple sello de aprobación para la agenda imprudente y extrema de Trump, votando para despojar a sus electores de la atención médica. Debemos mantener la presión y seguir utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para garantizar que la "One Big Ugly Bill" quede enterrada y no vuelva a levantarse".
Hochul y Jeffries afirman que la ley perjudicaría la financiación federal de Medicaid y el Plan Esencial, lo que provocaría que cerca de 1,5 millones de neoyorquinos perdieran su seguro médico.
También afirman que resultaría en pérdidas de más de 3.000 millones de dólares para los hospitales del estado.
“Los republicanos en Washington han dejado muy claro que están decididos a desmantelar la red de seguridad social de la que dependen millones de neoyorquinos para cubrir sus necesidades básicas”, declaró Hochul en un comunicado. “Están atacando específicamente programas esenciales y vitales como Medicaid y los cupones de alimentos, con la consecuencia de que los estadounidenses comunes serán los más afectados por este ataque. Me comprometo a utilizar todos los recursos legales para litigar y otras herramientas adecuadas para salvaguardar y proteger a los neoyorquinos”.
El paquete incluye una reducción aproximada de 700.000 millones de dólares en el gasto en Medicaid. El proyecto de ley también crearía nuevos requisitos de participación comunitaria de al menos 80 horas al mes. Ese requisito no entraría en vigor hasta enero de 2029.
"Están usando una demoledora para afectar a niños y familias vulnerables, a personas mayores y a personas incapacitadas para trabajar", dijo Hochul. "Si no podemos cuidarlos, ¿qué dice eso de nosotros como nación?".
El presidente y los republicanos de la Cámara de Representantes afirman que los recortes se centran en el despilfarro, el fraude y el abuso.
El Senado tiene previsto debatir el proyecto de ley esta semana y podría introducir modificaciones, lo que significaría que tendría que volver a la Cámara para su aprobación.
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