WASHINGTON — La Casa Blanca violó una orden judicial sobre deportaciones a terceros países con un vuelo vinculado a la caótica nación africana de Sudán del Sur, declaró el miércoles un juez federal, horas después de que el gobierno del presidente Donald Trump reconoció haber expulsado a ocho migrantes que habían sido declarados culpables de crímenes violentos, pero se negó a revelar a dónde fueron trasladados. La declaración del juez fue una reprimenda notablemente sonora a las iniciativas de deportación del gobierno.
En una audiencia de emergencia convocada para abordar los informes de que inmigrantes habían sido enviados a Sudán del Sur, Vietnam y Cuba, el juez Brian E. Murphy en Boston señaló que los ocho migrantes a bordo del avión no recibieron una oportunidad adecuada de objetar que la deportación podría ponerlos en peligro.
Minutos antes de la audiencia, funcionarios del gobierno acusaron a “jueces activistas” de abogar por la liberación de criminales peligrosos.
“Las acciones del departamento en este caso son sin duda una violación de la orden de este tribunal”, declaró Murphy, argumentando que los deportados no tuvieron una “oportunidad significativa” de objetar ser enviados a Sudán del Sur. El grupo fue sacado de Estados Unidos apenas horas después de ser notificado, sin tener la oportunidad de contactar a abogados que pudieran denunciar la medida en los tribunales.
Abogados del gobierno argumentaron que los hombres tenían antecedentes en el sistema migratorio, y que anteriormente habían tenido oportunidad de expresar su temor a ser deportados a un país que no fuese el suyo. Especificaron también que el juez no especificó cuánto tiempo debe pasar entre la notificación y la deportación, lo que dejaba margen para malos entendidos.
El gobierno dice que los deportados son “verdaderas amenazas a la seguridad nacional”
Los países de origen de los migrantes —Cuba, Laos, México, Myanmar, Vietnam y Sudán del Sur— no los aceptarían de regreso, según Todd Lyons, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), quien habló con periodistas en Washington. Más tarde señaló que los migrantes provenían de países que a menudo no aceptan a todos sus ciudadanos deportados, o en ellos había otras situaciones que significaban que no podían ser enviados a casa.
Funcionarios del gobierno, que en repetidas ocasiones han chocado con los tribunales por sus intentos de deportar a grandes cantidades de inmigrantes, expresaron claramente su descontento el miércoles.
Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, “están trabajando todos los días para sacar a estos criminales despiadados de las calles estadounidenses, y mientras tanto jueces activistas están del otro lado, luchando para que regresen a suelo estadounidense”, denunció Tricia McLaughlin, portavoz del departamento. Señaló a las fotografías y dijo que se trataba de “monstruos” que Murphy “está tratando de proteger”.
Funcionarios de Seguridad Nacional divulgaron pocos detalles específicos sobre el vuelo de deportación. Dijeron que el vuelo salió el martes con ocho personas a bordo y que el miércoles permanecían bajo custodia del departamento.
Los funcionarios indicaron que no podían divulgar el destino final de los migrantes por “seguridad operativa”.
El caso se da en medio de una amplia represión a la inmigración por parte del gobierno republicano, que ha prometido deportar a millones de personas que viven en Estados Unidos sin permiso legal. El enfrentamiento jurídico es el punto de conflicto más reciente, en un momento en que el gobierno arremete contra jueces cuyas decisiones han ralentizado las políticas del presidente.
Por todas partes hay demandas relacionadas con la inmigración
En gran medida el Congreso ha guardado silencio o ha apoyado al gobierno. Ante ello, opositores a la agenda de Trump han presentado cientos de demandas, y los jueces han emitido docenas de órdenes contra las autoridades. La inmigración ha sido el tema más polémico. Está el caso de la deportación errónea de Kilmar Ábrego García, un inmigrante salvadoreño que vivía en Maryland, que fue deportado por error a una prisión en El Salvador, así como la movilización de Trump para deportar rápidamente a presuntos miembros de pandillas venezolanas sin que haya previamente una revisión judicial.
Funcionarios del gobierno insistieron en que los hombres deportados recibieron el debido proceso, pero no proporcionaron detalles.
Abogados de derechos de inmigración alegan que las deportaciones violaron la orden de Murphy, emitida por primera vez en marzo, que dice que las personas deben tener una oportunidad de argumentar que ir a algún sitio fuera de su patria los pondría en peligro antes de ser deportados, incluso si ya han agotado todos sus recursos jurídicos.
Trina Realmuto , directora ejecutiva de la National Immigration Litigation Alliance —un grupo sin fines de lucro que aboga por los inmigrantes—, le pidió al juez que ordenara el regreso de los individuos a Estados Unidos. “No son menos merecedores de protección que cualquier otro ser humano en este planeta”, expresó.
El juez no decidió de momento qué debería suceder a continuación. Planteó la posibilidad de que cualquiera que esté "involucrado en una deportación ilegal" cometa desacato penal, pero indicó que podría estar satisfecho con una nueva serie de entrevistas realizadas en el extranjero con los migrantes sobre si consentirían ser trasladados a un tercer país.
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