WASHINGTON  — El gobierno del presidente Donald Trump solicitó el jueves a la Corte Suprema que le permita cancelar el estatus humanitario para cientos de miles de inmigrantes de cuatro países.

La apelación de emergencia solicita a los jueces que suspendan la orden de un tribunal inferior que mantiene las protecciones legales para más de 500,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El gobierno republicano argumenta que la decisión interfiere indebidamente en la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional. “El tribunal de distrito ha anulado una de las decisiones más importantes de la administración en materia de política migratoria”, escribió el Procurador General John Sauer.

La orden de la jueza de distrito estadounidense Indira Talwani en Boston impidió que la administración Trump pusiera fin anticipadamente al estatus legal temporal de los inmigrantes. Su fallo, emitido a mediados de abril, se produjo poco antes de la fecha prevista para la cancelación de sus permisos, lo que los expuso a una posible deportación.

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Talwani, quien fue designada por el presidente demócrata Barack Obama, afirmó que los inmigrantes incluidos en el programa que se encuentran legalmente en Estados Unidos ahora enfrentan la opción de “huir del país” o quedarse y “correr el riesgo de perderlo todo”. Añadió que la explicación del gobierno para finalizar el programa se basó en una interpretación incorrecta de la ley.

Este caso es el último de una serie de apelaciones de emergencia que la administración Trump ha presentado ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con la inmigración.

Trump prometió durante la campaña electoral deportar a millones de personas que se encuentran en el país sin documentos.

Su administración también ha buscado desmantelar políticas de la administración demócrata del presidente Joe Biden que crearon nuevas formas para que las personas residan legalmente en Estados Unidos, generalmente durante dos años con autorización de trabajo.

Biden utilizó el estatus humanitario más que cualquier otro presidente, empleando una autoridad presidencial especial vigente desde 1952.

Entre los beneficiarios se encontraban más de 500.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que volaron a Estados Unidos con patrocinadores financieros con permisos de dos años desde finales de 2022, con autorización para trabajar.

Los defensores han calificado la decisión de la administración Trump de poner fin al programa como "sin precedentes" y han argumentado que viola la normativa federal.

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