Leqaa Kordia, de 32 años, fue una de las primeras personas encarceladas en la represión del presidente Trump contra los no ciudadanos que participaron en manifestaciones propalestinas.
El departamento de policía de la ciudad de Nueva York proporcionó a las autoridades federales de inmigración un registro interno sobre una mujer palestina a la que detuvieron en una protesta, que la administración Trump está utilizando ahora como prueba en su intento de deportarla, según documentos judiciales obtenidos por The Associated Press.
El informe, compartido por la policía de Nueva York en marzo, incluye un resumen de la información en los archivos del departamento sobre Leqaa Kordia, un residente de Nueva Jersey que fue arrestada en una protesta frente a la Universidad de Columbia la primavera pasada.
En él se incluye su domicilio, fecha de nacimiento y el relato de dos frases de un agente sobre la detención.
Su distribución a las autoridades federales ofrece una visión de la cooperación entre bastidores entre la policía de Nueva York y la administración Trump, y plantea preguntas sobre el cumplimiento de la ciudad con las leyes de santuario que prohíben a la policía ayudar con los esfuerzos de aplicación de inmigración.
El 13 de marzo fue detenida durante un control voluntario ante funcionarios de inmigración en Newark, Nueva Jersey, y trasladada en avión a una cárcel de inmigración en Texas.
Su detención fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos al día siguiente en un comunicado que citaba un visado caducado y su papel en «protestas a favor de Hamás».
Sigue sin estar claro cómo pudieron enterarse las autoridades de inmigración de la presencia de Kordia en la protesta cerca de Columbia el pasado abril. En la manifestación, la policía citó a Kordia por alteración del orden público.
Pero la acusación fue desestimada semanas después y el caso sellado.
Lo que el NYPD compartió con ICE
La ley de la ciudad prohíbe generalmente a la policía compartir información sobre arrestos con funcionarios federales de inmigración, aunque hay excepciones para investigaciones criminales.
El 14 de marzo, un agente del NYPD elaboró un informe de cuatro páginas sobre Kordia y lo transmitió a Homeland Security Investigations, una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
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En una declaración enviada por correo electrónico, un portavoz del NYPD dijo que el departamento «recibió una solicitud de una agencia federal relacionada con una investigación criminal y compartió información relevante de acuerdo con nuestras políticas de ciudad santuario”.
“El NYPD no participa en programas diseñados para la revocación de visados o cualquier asunto civil de inmigración”, añadió el comunicado.
El departamento declinó decir en qué consistía la investigación.
No se devolvieron las consultas al DHS ni al ICE.
Expertos jurídicos y defensores de las libertades civiles dijeron que el documento reflejaba un preocupante nivel de intercambio de información entre la ciudad y el gobierno federal, que ha confundido las críticas a Israel con el apoyo a Hamás, un grupo terrorista designado por Estados Unidos.
“La intención de las leyes de santuario es proteger contra este tipo de connivencia e intercambio de información pretextual”, declaró Meghna Philip, directora de litigios especiales de la Legal Aid Society.
“Parece ser una clara violación de la ley”, añadió Philip, “y plantea preguntas sobre qué guardarraíles, si los hay, tiene la policía de Nueva York en torno al intercambio de información con un gobierno federal que está tratando de criminalizar el discurso”.
Una manifestante de perfil bajo
Kordia creció en Jerusalén y Cisjordania, y se mudó a Nueva Jersey en 2016 con su madre, ciudadana estadounidense.
Estudió inglés en un programa de intercambio local, pero dejó que su visado de estudiante expirara porque creía que su solicitud de residencia permanente era suficiente para permanecer legalmente en el país, según sus abogados.
El caso de Kordia destacaba entre los casos atrapados por las medidas represivas de Trump.
No era una activista abierta y no había criticado públicamente a Israel, ni en las redes sociales ni en artículos de opinión.
No tenía presencia en las redes sociales y no aparecía en ninguna de las listas públicas que mantienen los grupos proisraelíes para identificar a las personas que participan en manifestaciones propalestinas.
Su nombre no se mencionó en las noticias sobre las manifestaciones.
Aunque la administración Trump la identificó como una estudiante de Columbia, nunca ha estado afiliada a la universidad y no estaba matriculada en ninguna universidad cuando se unió a una protesta en 2024 fuera de Columbia.
Sus abogados dijeron que estaba expresando pacíficamente su desacuerdo contra la campaña militar de Israel en Gaza, que según ellos ha matado a más de 100 de sus familiares.
Un portavoz de la policía de Nueva York declinó decir cuándo se pusieron en contacto por primera vez con ellos las autoridades federales o si el informe del 14 de marzo era la primera vez que compartían información sobre el historial de detenciones de Kordia.
Vigilancia e interrogatorios
A principios de marzo, los abogados de Kordia afirman que los agentes federales empezaron a interrogar a miembros de su familia y a sus vecinos.
También solicitaron los registros de su cuenta de MoneyGram y “establecieron un rastreo en su cuenta de mensajería WhatsApp”, dijeron sus abogados en una presentación judicial.
"La investigación no reveló nada, excepto que la Sra. Kordia envió un único pago a un familiar palestino en 2022, lo que en sí mismo está protegido por los derechos de la Primera Enmienda", afirma la presentación.
En una vista celebrada el 3 de abril, el gobierno federal señaló la detención previa de Kordia por protestar como razón por la que no debía ser puesta en libertad.
Un juez de inmigración no encontró pruebas de que hubiera actuado con violencia en la protesta y acordó conceder a Kordia una fianza de 20,000 dólares, que pagó su familia.
El gobierno ha apelado esa decisión, manteniéndola detenida por ahora.
En una petición de puesta en libertad, los abogados de Kordia, musulmana devota, afirmaron que se le habían negado comidas halal desde que llegó a la cárcel.
Como consecuencia, ha perdido 22 kilos (49 libras) y se ha desmayado en la ducha, según los registros del centro compartidos con sus abogados.
“Todo el argumento del gobierno de que la Sra. Kordia es un peligro para Estados Unidos se basa en una única citación por su participación en una manifestació”, declaró Arthur Ago, su abogado. “La única razón por la que está confinada ahora mismo es por su punto de vista político”.
Cooperación de la alcaldía
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha criticado las protecciones de santuario de la ciudad, pero insistió en que su administración había sido meticulosa a la hora de seguirlas.
Cuando la AP le preguntó el mes pasado si la policía de Nueva York podía entregar información al ICE sobre una citación emitida a un manifestante, el alcalde subrayó que sólo podía hacerlo si había una investigación criminal.
“No se nos permite colaborar para la aplicación de la ley civil, punto», dijo Adams.
“No tenemos constancia de que esto haya ocurrido”, añadió entonces Adams.
El viernes, la oficina del alcalde aclaró que Adams se había referido a un caso diferente de un no ciudadano que fue buscado por las autoridades de inmigración tras ser detenido por la policía de Nueva York en una protesta.
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