En medio de una creciente tensión entre las agencias federales y el poder judicial por el manejo de las deportaciones de inmigrantes en el país, una abogada del Departamento de Justicia, intentó desligar al Departamento de Seguridad Nacional, el DHS por sus siglas en inglés, de una posible violación a una orden judicial clave, argumentando que fue el Departamento de Defensa el que ejecutó los traslados.
La abogada Mary Larakers, presentó este argumento, sosteniendo que el DHS no violó la orden del juez federal Brian Murphy, emitida el 28 de marzo que prohíbe deportar a personas a terceros países sin previo aviso ni la oportunidad de presentar objeciones, especialmente cuando existe riesgo de persecución o tortura.
No obstante, tres días después, cuatro personas fueron deportadas desde la base militar de Guantánamo hasta El Salvador.
“Esto, es una forma de lavarse las manos y evitar que obviamente castiguen al DHS con haber incumplido una orden y que en cierta forma, se les permita continuar enviando a personas que ya han perdido apelaciones en las cortes migratorias y en las cortes de apelaciones fueras del país”., comentó la abogada de inmigración, Sheila Rodríguez.
Larakers, aseguró que dichas deportaciones fueron ejecutadas por el Departamento de Defensa, una agencia no incluida en la demanda, y por tanto, según su argumento, no está sujeta a las restricciones del juez.
“Va a ser bastante interesante ver si logran añadirlos como parte de la demanda y cuál va a ser la respuesta del Departamento de Defensa y si luego van a decir: nosotros no actuamos solos, actuamos bajos las instrucciones del DHS y sin esas instrucciones nosotros no enviamos a nadie fuera del país”, agregó Rodríguez.
Mientras tanto, en una declaración jurada, Tracy Huttl, funcionaria del DHS, sostuvo que las cuatro personas deportadas habían sido condenadas por delitos en Estados Unidos y tenían órdenes de deportación.
Para los defensores de la comunidad inmigrante esta situación es preocupante.
“Estos son los momentos en los que la democracia empieza a morir. El día en el cual el poder ejecutivo puede hacer lo que sea sin ninguna clase de justicia”, expresó Felipe Souza de Hope Community Center.
Ahora la decisión queda en manos del juez federal Brian Murphy, quien deberá determinar cómo interpretar lo ocurrido bajo su propia orden.
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Jorge Vélez - Spectrum Noticias