Washington.- Una jueza federal nominada por el presidente Donald Trump ordenó a su gobierno facilitar el regreso de un hombre que fue deportado a El Salvador el mes pasado a pesar de tener una solicitud de asilo pendiente.

La jueza Stephanie Gallagher, en Maryland, dictaminó el miércoles que el gobierno federal violó un acuerdo de conciliación de 2019 cuando deportó al hombre de 20 años, un venezolano identificado solo como Cristian en los documentos judiciales.

Gallagher mencionó la orden de otro juez federal para que el gobierno facilite el regreso de Kilmar Ábrego García, quien había estado viviendo en Maryland y fue deportado accidentalmente a su natal El Salvador el 15 de marzo, el mismo día que Cristian.

Gallagher, quien fue nominada por Trump en 2019, declaró que reconoce que su fallo a favor de Cristian "coloca este caso directamente en el embrollo procesal que se ha desarrollado muy públicamente, a través de muchos niveles del poder judicial federal," en el caso de Ábrego García.

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Añadió que se guió por el fallo de la jueza Paula Xinis de que el gobierno republicano de Trump debe facilitar el regreso de Ábrego García.

"Quedarse de brazos cruzados y no tomar ninguna acción no es facilitar," escribió Gallagher. “En casos anteriores que involucraron a individuos removidos incorrectamente, los tribunales han ordenado, y el gobierno ha tomado, medidas afirmativas para facilitar el regreso”.

Gallagher indicó que su orden requiere que el gobierno haga "una solicitud de buena fe" para que el gobierno de El Salvador libere a Cristian bajo custodia de Estados Unidos.

Un grupo de inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos como niños no acompañados y habían estado viviendo ilegalmente en el país demandaron en julio de 2019. Su demanda colectiva alega que el gobierno modificó ilegalmente las políticas que rigen las solicitudes de asilo de niños no acompañados.

Gallagher aprobó un acuerdo el año pasado en la demanda. La jueza manifestó que Cristian y cualquier otra persona cubierta por el acuerdo deben ser devueltos a Estados Unidos para esperar una decisión sobre el fondo de sus solicitudes de asilo por parte de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que Gallagher no tiene jurisdicción para revisar la remoción de Cristian u obligar su regreso a Estados Unidos. También niegan que su deportación viole el acuerdo de 2019.

"Como cuestión preliminar, el tribunal debería rechazar el flagrante intento de los Demandantes de reformular el acuerdo de conciliación presentado y ordenado por las partes para incluir reclamos y disputas nunca antes planteadas en el litigio," escribieron los abogados del gobierno antes de que Gallagher dictaminara.

Cristian y decenas de otras personas fueron trasladadas en avión desde Estados Unidos a El Salvador el día en que Trump emitió una proclamación pidiendo el arresto y la remoción de miembros de pandillas venezolanas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de tiempos de guerra de 1798. Cristian había sido transferido a custodia federal desde una cárcel en el condado de Harris, Texas, en enero.

Los abogados de los demandantes dicen que la administración Trump está tratando de eludir el acuerdo de conciliación "porque ya no desean estar sujetos a sus términos."

"En pocas palabras, la (Ley de Enemigos Extranjeros) no permite a los Demandados ignorar los compromisos vinculantes que hicieron", escribieron.

Los abogados del gobierno alegan que Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros porque determinaron que los miembros de la pandilla Tren de Aragua son parte de una "invasión" y representan una amenaza para Estados Unidos.

"Dado el fuerte interés público en garantizar la seguridad nacional del país frente a la invasión extranjera y las organizaciones terroristas, cualquier contrato que pretenda limitar la capacidad del Presidente para invocar y aplicar la (Ley de Enemigos Extranjeros) en apoyo de dicho interés público debe considerarse nulo," escribieron.

Gallagher dijo que el gobierno no ha presentado evidencia de que Cristian represente una amenaza para la seguridad pública.

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