LOS ÁNGELES — Para la profesora de historia de preparatoria Angélica Reyes, enseñar la Constitución no se trata solo de cumplir con el currículo.
Es un recurso para que sus estudiantes conozcan sus derechos en un momento en el que, según ella, la política migratoria está generando una mayor incertidumbre.
En Los Ángeles, 1 de cada 4 estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles es indocumentado. En todo el estado, 1 de cada 5 estudiantes pertenece a una familia de estatus migratorio mixto, lo que significa que al menos uno de los padres es indocumentado.
Reyes afirmó que las comunidades indocumentadas nunca se han sentido seguras, pero que ese miedo se intensificó con la llegada del gobierno de Trump al poder este año.
“Los niños tienen miedo. Mis hijos están súper asustados. Me recuerdan constantemente cosas como: ‘Oye, dijo que va a eliminar la 14.ª enmienda. Señora, está intentando quitarnos la ciudadanía por nacimiento’. Es curioso porque ahora saben lo que es. Muchas veces, los niños simplemente lo daban por sentado y ahora los estudiantes son hiperconscientes de los derechos que podrían perder con esta administración”, dijo Reyes.
Reyes conoce el dolor que sufren sus estudiantes porque ella también lo fue. Llegó a Estados Unidos desde México de bebé y ha vivido toda su vida muy al tanto de las políticas migratorias.
Desde entonces, ha podido ir a la universidad y trabajar gracias al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Aun así, dice que no solo teme por su propio futuro en este país, sino que también le frustra ver a otra generación de estudiantes tener que preocuparse por algo más que sus calificaciones.
“Es desgarrador ver a niños que se supone deberían estar preocupados por cómo será su próximo atuendo o quién jugará en su juego a la hora del almuerzo, verse preocupados por si sus padres estarán allí o no. Si se los van a llevar”, dijo Reyes.
Históricamente, las escuelas, los hospitales y los lugares de culto han estado protegidos de las actividades de control migratorio, pero cuando el presidente Trump comenzó su segundo mandato, el Departamento de Seguridad Nacional levantó las restricciones a los arrestos por inmigración en las escuelas.
Como resultado, Reyes dijo que la asistencia se ha visto afectada.
“Había un problema con la asistencia. Los niños se preguntan: ¿qué significa ser una escuela santuario? ¿Pueden siquiera hacer algo al respecto? Vivimos en una ciudad santuario en Los Ángeles, pero sabemos que hay redadas de ICE”, dijo Reyes.
California es uno de los pocos estados que vincula la asistencia a la financiación, por lo que, con los padres temerosos de enviar a sus hijos a la escuela debido a la preocupación por las redadas de ICE, se pone en peligro la financiación de los distritos. Por eso, el superintendente del LAUSD, Alberto Carvalho, reafirmó que cuentan con protocolos establecidos.
“Les aseguro que, hasta ahora, no hemos tenido ningún incidente relacionado con un intento de aplicación de la ley de inmigración, ni lo permitiremos en nuestras escuelas. Contamos con el apoyo de la ciudad, el condado y el estado, cuyas leyes protegen nuestras acciones en este momento. Hemos informado a las comunidades, padres y estudiantes sobre sus derechos”, dijo Carvalho. Su esfuerzo busca proteger a los estudiantes indocumentados del distrito, como Ramona, una estudiante de último año, quien ha decidido ocultar su nombre por motivos de seguridad para ella y sus padres indocumentados.
“Siento que mi ansiedad ha empeorado, porque cada día tengo miedo de regresar y no encontrar a mis padres, a ningún familiar o incluso a mí misma. No puedo ni imaginar cómo se sentirán mis padres si no me encuentran algún día. O me siento ansiosa si no saben cómo responder a los agentes de inmigración o cómo podré encontrarlos. Así que estoy preocupada todos los días. Es mi primer pensamiento al despertar y mi último pensamiento al dormirme”, dijo Ramona.
Ramona llegó a Estados Unidos desde México hace cinco años y comentó que le fue difícil hacer amigos y mantenerse al día con la escuela sin dominar el idioma.
Desde entonces, ha encontrado su comunidad a través de los deportes y los clubes escolares, pero dice que sus calificaciones se vieron afectadas cuando la administración Trump asumió el cargo.
“Cuando cambió la administración, pensé: '¿Qué hago aquí? Solo quiero irme a casa y quería parar. Afectó mi rendimiento académico porque, al principio, pensé que no valía la pena'”, dijo Ramona.
Reyes dijo que muchos de sus estudiantes compartían ese mismo sentimiento, y que esto se refleja en una bajada de calificaciones.
“Incluso estudiantes que son ciudadanos estadounidenses decían: '¿Qué sentido tiene esto? No va a haber igualdad. No me van a contratar por muy cualificada que esté'”, dijo Reyes.
Muchos padres también sienten la misma ansiedad, y es por eso que Reyes, junto con otros educadores, ha organizado talleres virtuales y presenciales para que los padres aprendan sobre sus derechos constitucionales. Dice que también les hablan sobre declaraciones juradas que podrían completar, cediendo la tutela de sus hijos a alguien de confianza en caso de que sean deportados o detenidos por ICE. Sin ese documento, explica la maestra, los niños son tomados por el estado y colocados en el sistema de padres de acogida.
A nivel estatal, el superintendente Tony Thurmond presentó el miércoles la SB48, un proyecto de ley que limitaría la presencia de agentes de ICE en los campus escolares, ante el comité de educación del Senado estatal.
Mientras se tramita el proyecto, Reyes afirmó que seguirán apoyando a la comunidad para aliviar las preocupaciones de todos.
“Necesitamos trabajar juntos para defender nuestros derechos, porque si no, hemos visto en la historia lo que sucede cuando permitimos que quienes quieren ejercer de dictadores nos los quiten”, declaró Reyes.
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