Un activista estudiantil de la Universidad de Columbia, detenido por el gobierno Trump por su participación en manifestaciones pro palestinas, tiene derecho a impugnar la legalidad de su detención, pero el caso debería verse en Nueva Jersey, en lugar de Nueva York o Luisiana, dictaminó un juez el miércoles.

Mahmoud Khalil, residente legal de Estados Unidos sin antecedentes penales, fue detenido por agentes federales de inmigración el 8 de marzo. De allí, fue trasladado a un centro de detención migratoria en Nueva Jersey, donde pasó la noche. Luego, fue llevado de regreso a Nueva York, embarcado en un avión y trasladado a un centro de inmigración en Jenna, Luisiana.

“Estas son acusaciones y argumentos graves que, sin duda, merecen una revisión minuciosa por parte de un tribunal de justicia; el principio constitucional fundamental de que todas las personas en Estados Unidos tienen derecho al debido proceso legal no lo exige menos”, escribió el juez federal de distrito Jesse Furman.

Esta revisión debería realizarse en un tribunal federal de Nueva Jersey, en lugar del tribunal de Nueva York donde su equipo legal presentó inicialmente el caso, o en Luisiana, donde Khalil se encuentra detenido actualmente, ya que Nueva Jersey es el estado donde Khalid se encontraba detenido cuando sus abogados acudieron por primera vez a los tribunales, escribió Furman.

El gobierno federal declaró que tuvo que trasladar a Khalid a Luisiana debido a la falta de camas disponibles en centros de detención en el área metropolitana de Nueva York. También citó una plaga de chinches en el centro de detención más cercano, en Elizabeth, Nueva Jersey.

Los abogados de Khalil han refutado estas justificaciones en una serie de documentos judiciales desde su arresto. Describen el traslado como una medida "de represalia" destinada a privar a su cliente del acceso a un abogado, al tiempo que garantizan que el caso se lleve a cabo en una jurisdicción que podría ser más favorable a la inusual demanda legal del gobierno republicano.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha citado como fundamento para la deportación de Khalil una ley poco utilizada que le otorga amplios poderes para deportar a quienes representen "consecuencias potencialmente graves y adversas para la política exterior de Estados Unidos". Si bien la Casa Blanca ha acusado a Khalil de "colaborar con terroristas", aún no ha presentado pruebas que respalden esta afirmación. Aun así, el presidente Trump ha descrito el caso de Khalil como "el primero de muchos por venir".

Khalil, un estudiante de posgrado en asuntos internacionales de 30 años, se desempeñó como negociador y portavoz de los activistas estudiantiles de la Universidad de Columbia que ocuparon un jardín del campus la primavera pasada en protesta por la guerra en Gaza.

Las imágenes de su rostro sin mascarilla en las protestas, junto con su disposición a compartir su nombre con la prensa, lo convirtieron en blanco de quienes percibían antisemitismo en las manifestaciones. En las semanas previas a su arresto, Khalil solicitó repetidamente protección a la rectora interina de la Universidad de Columbia, Katrina Armstrong, alegando amenazas de grupos de derecha dedicados a la difusión de información confidencial.

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