Los fiscales generales de 22 estados demandaron el martes para bloquear la medida del presidente Donald Trump de poner fin a una práctica de inmigración centenaria conocida como ciudadanía por derecho de nacimiento que garantiza que los niños nacidos en Estados Unidos sean ciudadanos independientemente del estatus de sus padres.
La orden ejecutiva de Trump, de unas 700 palabras, emitida a última hora del lunes, supone el cumplimiento de algo de lo que ha hablado durante la campaña presidencial. Pero no es seguro que tenga éxito, dado que es probable que se produzca una larga batalla legal sobre las políticas de inmigración del presidente y el derecho constitucional a la ciudadanía.
Los fiscales generales demócratas y los defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que la cuestión de la ciudadanía por derecho de nacimiento es una ley consolidada y que, aunque los presidentes tienen una amplia autoridad, no son reyes.
“El presidente no puede, de un plumazo, anular la 14ª Enmienda y punto”, dijo el fiscal general de Nueva Jersey, Matt Platkin.
El texto alega que el decreto presidencial es "ilegal" y atenta contra la Constitución, ya que en la Enmienda 14 se establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
La Casa Blanca dijo que está lista para enfrentar a los estados en los tribunales y calificó las demandas como “nada más que una extensión de la resistencia de la izquierda”.
“Los izquierdistas radicales pueden optar por nadar contra la corriente y rechazar la abrumadora voluntad del pueblo, o pueden subirse a bordo y trabajar con el presidente Trump”, dijo el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Harrison Fields.
El fiscal general de Connecticut, William Tong, ciudadano estadounidense por derecho de nacimiento y el primer fiscal general chino-estadounidense elegido en el país, dijo que la demanda era personal para él.
“La Enmienda 14 dice lo que significa, y significa lo que dice: si naces en suelo estadounidense, eres estadounidense. Y punto. Y punto”, dijo.
“No hay debate legal legítimo sobre esta cuestión. Pero el hecho de que Trump esté totalmente equivocado no le impedirá infligir un grave daño ahora mismo a familias estadounidenses como la mía”.
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En el recurso legal, los estados - incluyendo Nueva York, Colorado, California y las ciudades de Washington y San Francisco- aseguran que el presidente "no tiene autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional" y señalan que, de ser implementada este medida, causaría un daño "inmediato e irreparable" a los residentes de sus jurisdicciones.
"Mi oficina y una coalición multiestatal están presentando una demanda para detener de inmediato la peligrosa e inconstitucional orden del presidente Trump que intenta poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
"Protegeremos la integridad de nuestra Constitución, sus derechos fundamentales y la promesa del sueño americano", escribió en un mensaje en redes sociales la Fiscal General de Nueva York, Letitia James.
My office and a multistate coalition are suing to immediately stop President Trump's dangerous and unconstitutional order trying to end birthright citizenship.
— NY AG James (@NewYorkStateAG) January 21, 2025
We will protect the integrity of our Constitution, its fundamental rights, and the promise of the American dream.
En la práctica, la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a los niños nacidos de padres indocumentados y que la Administración del Seguro Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.
Eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido una demanda recurrente de grupos conservadores. Trump ya había amenazado con revocar este derecho mediante una orden ejecutiva durante su primer mandato (2016-2021), aunque nunca llegó a hacerlo.
Para redefinir la ciudadanía por nacimiento, la vía más directa sería proponer una enmienda constitucional, lo que requeriría una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes y el Senado, así como la ratificación de tres cuartas partes de los estados, según explicó recientemente el historiador Scott Bomboy en un análisis publicado por el National Constitution Center, institución dedicada al estudio de la Carta Magna.
No existen cifras exactas sobre el número de niños nacidos en EE.UU. de padres indocumentados. Según los datos más recientes del centro de investigación Pew, en 2022 había aproximadamente 1,3 millones de adultos estadounidenses cuyos padres carecían de estatus legal en el país.
Un informe de 2018 del Servicio de Investigación del Congreso, un instituto sin afiliación partidista, recoge que actualmente la interpretación actual de la Enmienda 14 de la Constitución implica que los hijos de inmigrantes indocumentados son ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, el estudio advirtió que el Tribunal Supremo "no ha zanjado firmemente la cuestión en la era moderna", por lo que posibles desafíos legales podrían modificar la interpretación actual.
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