“Es completamente negar la humanidad de nuestra comunidad y no se puede permitir que esto siga, ese lugar se tiene que cerrar”, dijo Mich Rodríguez, cofundador SOS.

Una nueva demanda federal presentada esta semana por varias organizaciones jurídicas acusa a la administración del presidente Donald Trump de violar los derechos constitucionales de migrantes detenidos en el centro conocido como “El Alcatraz de los Caimanes” ubicado en una zona remota de los Everglades de Florida.

La querella sostiene que el gobierno impide de forma activa que las personas bajo custodia migratoria ejerzan sus derechos a la representación legal.

“Varios abogados ya han llegado hasta el centro de detención para solicitar reuniones con sus clientes que están dentro y no han tenido éxito. Los abogados fueron recibidos por miembros de la Guardia Nacional de Florida y de la policía estatal. Ellos dijeron que las solicitudes entre abogados y clientes serían comunicadas al centro y no hemos escuchado nada más”, explico Dariel Gómez, ACLU Florida.

El recurso fue presentado ante una corte del sur de Florida por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), además del Southern Poverty Law Center y Americans for Immigrant Justice. Los demandantes representan a varios migrantes que permanecen retenidos en el centro de detención. 

Rodríguez.

“Hace dos días mi asistente legal esperó más de dos horas tratando de ver a nuestro cliente con todas las autorizaciones y papeles requeridos para verlo y básicamente le dijeron que no van a permitir a los abogados a entrar a ese centro de detención”, agregó Rodríguez.

La demanda también dedica varias secciones a describir las condiciones de vida dentro del centro. Alegan que 32 personas comparten una misma celda de aproximadamente 300 pies cuadrados, además tres inodoros. Igualmente, que el acceso al agua potable es casi imposible y que solamente tienen 5 minutos (cada uno) para realizar llamadas a sus seres queridos las mismas son monitoreadas por agentes.

“Te voy hacer honesto, no es fácil… Para ser honesto, yo estoy haciendo este trabajo por más de 13 años como un abogado de inmgración y abogado de derechos humanos y yo he perdido clientes en estos centros. Yo he visto las familias separadas, pero esto es otro nivel, es un tortura lo que he escuchado de los familiares”, dijo Rodríguez.

Hasta el momento ni el Departamento de Seguridad Nacional, ni la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas han emitido comentarios al respecto.

Desde la ciudad de Orlando, Jorge Vélez

Spectrum Noticias

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