Eva Ruiz trabaja como profesora desde hace más de treinta años, y es integrante de la Asociación de Maestras de California.
Dice que el bienestar de sus estudiantes siempre ha sido su prioridad.
"Nosotros queremos éxito de nuestros estudiantes que todos salgan leyendo, escribiendo", afirma.
Pero ahora, Ruiz y miles de maestras y activistas temen que los derechos civiles de los estudiantes estén en peligro y han demandado a la administración Trump en respuesta a la orden ejecutiva que el presidente Trump firmó la semana pasada para comenzar a eliminar el Departamento de Educación.
"Vamos a pelear no vamos a dejar que esto pase a nuestras familias y las comunidades vamos a ponernos en pie y vamos a demandar".
El Departamento de Educación ha indicado que, desde enero, la agencia ha reducido su personal en aproximadamente un 50 por ciento, y debido a esos cortes algunas oficinas se han quedado casi vacías.
"Los que nos va a afectar directamente va a ser los números de estudiantes por salón, que recursos van a tener los niños que no hablan inglés, los niños, que deben agarrar recursos de educación especial nos va a afectar a los maestros porque no sabemos si ellos van a recibir esos o nosotros vamos a tener que dar más tiempo, más esfuerzo", explica Ruiz con preocupación.
Los grupos que participan en la demanda también argumentan que los estudiantes con discapacidades y sus familias perderán el apoyo que necesitan en la escuela y en casa, y que los alumnos que viven en hogares de bajos ingresos perderán programas educativos vitales con el desmantelamiento del departamento.
Sin embargo, la secretaria de Educación, Linda McMahon, dijo que eso no va a pasar.
"No habrá ninguna desfinanciación para esos programas. Cuando el presidente habló sobre los préstamos estudiantiles, se destinarán a la administración de pequeñas empresas, y también los programas para estudiantes con discapacidades probablemente quedarán en manos del departamento de salud y servicios humanos que, por cierto, es donde comenzaron", asegura.
Trump ha citado los bajos resultados de los exámenes estudiantiles y los altos costos educativos del país como razones para querer desmantelar el Departamento de Educación.
Sin embargo, la última decisión está a manos del Congreso.
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