El presidente Donald Trump no ha tardado en ejercer agresivamente las facultades del poder ejecutivo desde su regreso a la Oficina Oval hace 100 días.

Muchas de sus políticas, como la represión a los inmigrantes indocumentados, las penalizaciones a las universidades y la búsqueda de acabar con las tarifas de congestión, han afectado profundamente a su natal Nueva York.

Su Departamento de Justicia ha demandado al estado de Nueva York por sus políticas de "santuario".

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido a inmigrantes indocumentados en todo Nueva York, incluyendo a una madre y sus hijos de Sackets Harbor, en el lago Ontario, una medida que provocó protestas en la comunidad local. Posteriormente fueron liberados.

Su administración también detuvo a Mahmoud Khalil, exestudiante de posgrado de Columbia, quien participó en las protestas del año pasado en la universidad por la guerra en Gaza. Mientras tanto, Trump ha criticado duramente a algunas universidades de Nueva York, acusándolas de tolerar el antisemitismo. Ha congelado cientos de millones de dólares federales para Columbia y Cornell.

En la ciudad de Nueva York, el presidente ha buscado eliminar las tarifas de congestión en Manhattan, lo que ha desatado una disputa continua entre el Departamento de Transporte de EE. UU. y la ciudad sobre el futuro del peaje. La gobernadora Kathy Hochul ha prometido que el peaje continuará.

También en los cinco condados, el Departamento de Justicia de Trump solicitó la retirada de los cargos federales de corrupción contra el alcalde Eric Adams, supuestamente a cambio de que Adams apoyara la agenda del presidente, en particular en materia de inmigración. Un juez finalmente desestimó los cargos y Adams niega cualquier compensación.

En términos económicos, las medidas de la Casa Blanca sobre los aranceles, en particular sobre las importaciones de los vecinos canadienses de Nueva York, han dejado a las pequeñas empresas y agricultores en la estacada.

 

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Aún está pendiente qué hará el presidente con la CHIPS and Science Act, una ley bipartidista de la era Biden que ha impulsado importantes inversiones en el norte del estado de Nueva York, incluyendo la planta de semiconductores de Micron, anunciada por 100 mil millones de dólares, en las afueras de Syracuse.

Durante sus primeros 100 días en el cargo, Trump ha criticado repetidamente el programa, calificándolo de "horrible" y un "tremendo desperdicio de dinero".

Esta semana, un grupo de asociaciones empresariales envió una carta a la delegación del Congreso de Nueva York, exigiendo que hagan todo lo posible para "proteger" la ley.

Los demócratas y republicanos que hablaron con Spectrum News ofrecieron opiniones muy diferentes sobre los primeros 100 días de Trump.

"La gente esperaba más", dijo el representante demócrata de Rochester, Joseph Morelle. "Esperaban menores costos, esperaban sentirse más seguros y esperaban construir una economía que funcione para todos. No han visto nada de eso; en cambio, sólo ven caos y disrupción".

“Está haciendo lo necesario para sanear la ciudad de Nueva York, para exigir responsabilidades a las instituciones que permiten que el antisemitismo se propague, para limpiar las calles y deportar a los pandilleros ilegales y narcotraficantes que han estado causando estragos en nuestra ciudad a expensas de los contribuyentes”, declaró la representante republicana de Staten Island, Nicole Malliotakis.

En las próximas semanas, gran parte de la atención se centrará en el Capitolio, donde el destino de la agenda legislativa del presidente pende de un hilo.

Ha expresado su interés en aumentar el límite de la deducción de impuestos estatales y locales (SALT, por sus siglas en inglés) como parte de dicho límite. Este límite, instituido como parte de la reforma fiscal republicana de 2017 que el propio Trump firmó, perjudica desproporcionadamente a los contribuyentes en estados demócratas como Nueva York, donde los impuestos sobre la propiedad y los impuestos estatales sobre la renta son relativamente altos.

Algunos republicanos de la Cámara de Representantes de Nueva York han advertido que no votarán a favor del presupuesto del presidente a menos que contenga esa desgravación fiscal.

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