La administración del alcalde Eric Adams, está permitiendo que las autoridades federales de inmigración establezcan una oficina en Rikers Island, cumpliendo una promesa que hizo durante reuniones recientes con el "zar de la frontera" Tom Homan.
El vicealcalde Randy Mastro, firmó una orden ejecutiva que permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o ICE, establecer una oficina en la cárcel. Adams delegó a Mastro para liderar el esfuerzo, quien dijo que la colaboración sólo apoyará las investigaciones criminales de ICE y no los asuntos civiles de inmigración.
"Se trata solo de cooperar con las autoridades federales encargadas de hacer cumplir la ley. Una amplia gama de agencias federales de aplicación de la ley, el FBI, la DEA, la ATF, el Departamento de Seguridad Nacional e incluso los inspectores postales de EE. UU. sobre el tráfico de drogas a través del correo", declaró Mastro.
Agrega el vicealcalde que la ciudad anteriormente mantenía acuerdos similares con agencias federales y ayuda a tomar medidas enérgicas contra las pandillas violentas.
Dijo que la nueva oficina ahora ayudaría a los investigadores correccionales a colaborar con agencias federales como el FBI, la Administración de Control de Drogas y el Departamento de Seguridad Nacional para atacar a las "organizaciones terroristas".
Pero la medida fue criticada de inmediato por la presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, una demócrata que también se postula para alcaldesa, quien cuestionó las motivaciones del alcalde.
"El alcalde Adams indicó su intención para esta orden ejecutiva cuando la administración Trump intentó desestimar su caso de corrupción. El alcalde ha comprometido la serenidad de la ciudad y, como resultado, nuestras familias y comunidades están en riesgo", dijo Adams.
Señaló además que la orden ejecutiva es profundamente preocupante y que muestra la voluntad del alcalde de cooperar con la agenda extrema de deportación de Trump.
Hablamos con residentes de la ciudad y varios están en desacuerdo:
“No estoy de acuerdo al 100%. No estoy de acuerdo. Porque hay muchos inocentes que van a pagar y que están pagando ya. Y después que entran allí, nadie da la cara por ellos”, comentó Altagracia Melo.
“Puede ser para estar seguro quien es y quien no es. Entonces montando una oficina ahí, ¿quién más de ahí? Porque todo el que está se identifica”, comentó de su parte Colasito Tejada, otro residente de Nueva York.
La presidenta del Concejo también señaló que la ley local prohíbe el uso de recursos de la ciudad para la aplicación de la ley de inmigración civil y dijo que el Concejo está revisando la orden y se está preparado para actuar.
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