WASHINGTON — La Corte Suprema permitió el lunes al gobierno de Trump despojar de las protecciones legales a 350.000 venezolanos, lo que podría exponerlos a la deportación.
La orden del tribunal, con solo un voto en contra, suspende el fallo de un juez federal de San Francisco que mantuvo vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, que de otro modo habría expirado el mes pasado. Los jueces no ofrecieron justificación, algo habitual en las apelaciones de emergencia.
El estatus permite a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente porque sus países de origen se consideran inseguros para el regreso debido a desastres naturales o conflictos civiles.
Un tribunal federal de apelaciones había rechazado previamente la solicitud del gobierno de suspender la orden mientras continúa la demanda.
Este caso es el más reciente de una serie de apelaciones de emergencia que el gobierno del presidente Donald Trump ha presentado ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con la inmigración. La semana pasada, el gobierno solicitó a la corte que le permitiera cancelar la libertad condicional humanitaria para cientos de miles de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, lo que los expone también a una posible deportación.
El alto tribunal también ha estado involucrado en batallas legales por los esfuerzos de Trump para deportar rápidamente a venezolanos acusados de ser pandilleros a una prisión en El Salvador, bajo una ley del siglo XVIII en tiempos de guerra llamada Ley de Enemigos Extranjeros.
El gobierno ha actuado agresivamente para retirar diversas protecciones que han permitido a los inmigrantes permanecer en el país, incluyendo la eliminación del estatus de protección temporal para un total de 600,000 venezolanos y 500,000 haitianos. Este estatus se otorga en periodos de 18 meses.
Las protecciones debían expirar el 7 de abril, pero el juez federal de distrito Edward Chen ordenó una pausa en esos planes. Concluyó que su vencimiento amenazaba con afectar gravemente la vida de cientos de miles de personas y podría costar miles de millones en pérdidas de actividad económica.
Chen, quien fue nombrada magistrada por el presidente demócrata Barack Obama, concluyó que el gobierno no había demostrado ningún daño causado por mantener el programa vigente.
Sin embargo, el Procurador General, D. John Sauer, escribió en nombre de la administración que la orden de Chen interfiere inadmisiblemente con la facultad de la administración en materia de inmigración y asuntos exteriores.
Además, Sauer declaró a los jueces que las personas afectadas por la terminación del estatus de protección podrían tener otras opciones legales para intentar permanecer en el país, ya que la decisión de terminar el TPS no equivale a una orden de expulsión definitiva.
El Congreso creó el TPS en 1990 para evitar las deportaciones a países afectados por desastres naturales o conflictos civiles.
La jueza Ketanji Brown Jackson afirmó que habría rechazado la apelación de emergencia de la administración.
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