WASHINGTON — El gobierno de Trump solicitó el lunes a la Corte Suprema que bloqueara una orden judicial que le exige el regreso de un hombre de Maryland que fue enviado a una prisión en El Salvador.
El Departamento de Justicia argumentó en una apelación de emergencia ante los jueces que la jueza de distrito estadounidense Paula Xinis se extralimitó en su autoridad al ordenar el regreso de Kilmar Abrego García a Estados Unidos.
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Abrego García ya no se encuentra bajo custodia estadounidense y el gobierno no tiene forma de recuperarlo, argumentó el gobierno.
Xinis dio al gobierno hasta poco antes de la medianoche del martes para "facilitar y hacer efectivo" el regreso de Abrego García.
La corte federal de apelaciones en Richmond, Virginia, denegó la solicitud de suspensión del gobierno. "No cabe duda de que el gobierno cometió un error en este caso", escribió el juez J. Harvie Wilkinson en una breve opinión que acompañó la denegación unánime.
La Casa Blanca ha descrito la deportación de Ábrego García como un "error administrativo", pero también lo ha catalogado como miembro de la pandilla MS-13. Los abogados de Ábrego García afirmaron que no hay pruebas de que perteneciera a la MS-13.
Xinis escribió que la decisión de arrestarlo y enviarlo a El Salvador parece ser "totalmente ilegal", explicando que hay poca o ninguna evidencia que respalde la acusación "vaga y sin corroborar" de que Ábrego García fue miembro de la MS-13.
Ábrego García, un salvadoreño de 29 años que nunca ha sido acusado ni condenado por ningún delito, fue detenido por agentes de inmigración y deportado el mes pasado.
Tenía un permiso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para trabajar legalmente en Estados Unidos y era aprendiz de metalistería, cursando una licencia de oficial, según declaró su abogado. Su esposa es ciudadana estadounidense.
En 2019, un juez de inmigración prohibió a Estados Unidos deportar a Ábrego García a El Salvador.
Un abogado del Departamento de Justicia admitió en una audiencia judicial que Ábrego García no debería haber sido deportado. Posteriormente, la fiscal general Pam Bondi retiró del caso al abogado, Erez Reuveni, y lo suspendió de su trabajo.
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