En Florida el gobierno estatal y el de la ciudad de Orlando están involucrados en una controversia debido a las políticas migratorias. En el ojo del debate se encuentra una ley local y una medida estatal contra las llamadas ciudades santuario.
La batalla por las políticas migratorias en Florida, ya ha llegado hasta la alcaldía. Una carta firmada por el Fiscal General del estado, amenazó con destituir al alcalde de la ciudad.
Todo, por presuntamente, no acatar la ley migratoria del estado. El alcalde, salió a su paso para defender una política local que limita la cooperación con las entidades de inmigración.
Ahora: ¿Puede el alcalde de Orlando ser destituido por proteger a comunidades inmigrantes? Esa, es la pregunta que muchos pudieran realizarse, luego de una carta pública hecha por el Fiscal General de Florida, James Uthmeir, y dirigida al alcalde de Orlando, Buddy Dyer, el pasado lunes.
En la carta, el Fiscal General, acusa al alcalde de mantener una política migratoria ilegal – la llamada Ley Trust, la cual impide a la policía preguntar por el estatus migratorio de una persona sin historial delictivo– y que según el estado, contradice la ley firmada por el gobernador republicano, Ron DeSantis en el 2019 contra las “ciudades santuario”.
El martes, en una entrevista exclusiva para el programa ‘Political Connections’, de Spectrum News, el alcalde le dijo a la periodista, Ybeth Bruzual que la ciudad de Orlando no está violando ninguna ley estatal ni federal.
“Puedo asegurarle al Fiscal General que la ciudad de Orlando cumple plenamente con las leyes estatales y federales, y seguiremos acatándolas, así como con las órdenes ejecutivas de Trump. No consideramos que la Ley Trust, haya sido una política de ciudad santuario, aunque el término ciudad santuario tiene significados diferentes para cada persona”, dijo el alcalde Dyer.
Acto seguido, Dyer, le envió una carta al Fiscal General confirmando que la ciudad, en efecto, colabora con ICE. A lo que Uthmeir, a través de su cuenta de X, agradeció la rectificación del alcalde y de la ciudad por cumplir con las leyes estatales y federales.
No obstante, el Fiscal General no se retractó de su advertencia de destitución.
Para el obispo de la Iglesia Internacional de Cristo, David Maldonado, la situación va más allá del alcalde.
“Entendemos que esto es un ataque contra la democracia. Lo que estamos mirando hoy día es que tenemos funcionarios electos por su pueblo y que están siendo amenazados. Pensamos que el alcalde debería tomar decisiones y hablar basado en decisiones que él libremente puede tomar”, expresó el obispo Maldonado.
Jorge Vélez - Spectrum Noticias
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