Un Tribunal Supremo dividido ha dictaminado que los jueces individuales carecen de autoridad para conceder medidas cautelares a nivel nacional, pero la decisión deja sin aclarar el destino de las restricciones del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento.
El resultado del viernes fue una victoria para Trump, que se ha quejado de que los jueces individuales pongan obstáculos a su agenda.
Pero una mayoría conservadora dejó abierta la posibilidad de que los cambios en la ciudadanía por derecho de nacimiento puedan permanecer bloqueados en todo el país.
La orden del presidente republicano negaría la ciudadanía a los hijos nacidos en Estados Unidos de personas que están en el país ilegalmente.
La ciudadanía por derecho de nacimiento convierte automáticamente en ciudadano estadounidense a cualquier persona nacida en Estados Unidos, incluidos los hijos de madres en situación ilegal.
Este derecho se consagró poco después de la Guerra Civil en la 14ª Enmienda de la Constitución.
En una notable decisión del Tribunal Supremo de 1898, Estados Unidos contra Wong Kim Ark, el tribunal sostuvo que los únicos niños que no recibían automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer en suelo estadounidense eran los hijos de diplomáticos, que tienen lealtad a otro gobierno; los enemigos presentes en Estados Unidos durante una ocupación hostil; los nacidos en barcos extranjeros; y los nacidos de miembros de tribus nativas americanas soberanas.
Estados Unidos es uno de los 30 países en los que se aplica la ciudadanía por derecho de nacimiento, el principio del jus soli o "derecho del suelo".
La mayoría están en América, y Canadá y México se encuentran entre ellos.
Trump y sus partidarios han argumentado que debería haber normas más estrictas para convertirse en ciudadano estadounidense, lo que él llamó «un regalo invaluable y profundo» en la orden ejecutiva que firmó en su primer día en el cargo.
La administración Trump ha afirmado que los hijos de no ciudadanos no están "sujetos a la jurisdicción" de Estados Unidos, una frase utilizada en la enmienda, y por lo tanto no tienen derecho a la ciudadanía.
Pero los estados, los inmigrantes y los grupos de derechos que han demandado para bloquear la orden ejecutiva han acusado a la administración de tratar de desestabilizar la comprensión más amplia de la ciudadanía por derecho de nacimiento que se ha aceptado desde la adopción de la enmienda.
Los jueces han fallado uniformemente en contra de la administración.
El Departamento de Justicia había argumentado que los jueces individuales carecen de poder para dar efecto a nivel nacional a sus sentencias.
En cambio, la administración Trump quería que los jueces permitieran que el plan de Trump entrara en vigor para todos, excepto para el puñado de personas y grupos que lo demandaron.
En su defecto, la administración argumentó que el plan podría permanecer bloqueado por ahora en los 22 estados que lo demandaron.
New Hampshire está cubierto por una orden separada que no está en cuestión en este caso.
Como último recurso, la administración pidió "como mínimo" que se le permitiera hacer anuncios públicos sobre cómo planea llevar a cabo la política si finalmente se permite que entre en vigor.
La Corte Suprema también ratificó a un grupo de trabajo que recomienda que las aseguradoras cubran sin costo alguno los servicios de atención médica preventiva, rechazando así el más reciente desafío legal al Ley de Cuidado de Salud Asequible.
Aunque la apelación no pretendía eliminar la legislación, sí podría haber impactado a millones de beneficiarios.
Mantener la atención médica preventiva gratuita aumenta la probabilidad de que las personas se realicen exámenes y otros procedimientos que permiten detectar enfermedades en etapas tempranas.
Además, el fallo confirma que el secretario de Salud y Servicios Humanos tiene la capacidad de nombrar a los expertos que integren el panel.
El juez Brett Kavanaugh emitió la opinión mayoritaria de la Corte.
El Tribunal Supremo respaldó el viernes a un grupo de padres religiosos que querían impedir que sus hijos de primaria estudiaran libros sobre el colectivo LGBTQ en clase, otra importante victoria legal para los intereses religiosos en el alto tribunal conservador.
En la última decisión que difumina la línea que una vez separó claramente la educación laica de las creencias religiosas, el tribunal dijo que un distrito escolar suburbano de Washington, DC, vulneró los derechos de la Primera Enmienda de los padres al negarse a permitirles sacar a sus hijos del aula cuando se utilizan los libros.
El juez Samuel Alito escribió la opinión para la mayoría conservadora de 6-3.
La Corte Suprema deja en pie una serie de programas gubernamentales que reducen el precio de los servicios de Internet de banda ancha y telefonía para comunidades más necesitadas y rurales.
El fallo, con seis votos a favor y tres en contra, rechaza el argumento de un grupo conservador que alegaba que la forma en que el Congreso implementó el programa violaba los principios de separación de poderes.
Esto representó una victoria inusual para una agencia federal en el alto tribunal conservador.
En este caso, tanto la administración Biden como la Trump apoyaron la iniciativa de la Comisión Federal de Comunicaciones para ampliar el acceso a internet de alta velocidad mediante el cobro de tarifas en las facturas telefónicas de millones de estadounidenses.
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