Se espera que las fuerzas armadas anuncien esta semana el establecimiento de dos zonas militares adicionales a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, según funcionarios estadounidenses.
Estas se suman a las que el presidente Trump anunció en abril y en mayo, por lo que serán cuatro las áreas controladas por el ejército a lo largo del borde fronterizo con México.
Las nuevas zonas estarán adscritas a la Base Conjunta de San Antonio, Texas, y a la Estación Aérea del Cuerpo de Infantes de Marina de Yuma, Arizona.
El tramo en torno a la Base de San Antonio abarcará aproximadamente 400 kilómetros del Río Grande, y el que estará cerca de Yuma se extenderá por casi cien millas a lo largo de la frontera.
Las autoridades han dicho que estas nuevas dependencias militares les ayudarán a tener un mejor alcance operativo para frenar la actividad ilegal en estas zonas.
Hay que recordar que La Ley de insurrección de 1807 prohíbe a las tropas estadounidenses realizar actividades de aplicación de la ley.
“Sí, porque lo que ellos están haciendo, no están haciendo arrestos de una persona cruzar ilegalmente de una persona cruzando a los Estados Unidos como tal, no son arrestos de violaciones de la ley de inmigración. Ellos están deteniendo a personas que ellos sospechan que están ya pasado el límite de la zona militarizada, que según ellos no pueden hacer y esto está dentro de su poder”, dijo la abogada de inmigración Kelley Ortega.
Sin embargo, las llamadas zonas de defensa se consideran extensiones de las instalaciones militares, lo que les permite a los soldados detener temporalmente a los inmigrantes que invaden la propiedad antes de entregarlos a las fuerzas del orden público.
Desde que se implementaron estas zonas, unos 120 inmigrantes se han declarado culpables de intrusión y al menos dos personas han sido condenadas por este cargo.
“Lo bueno es que la ley criminal en los Estados Unidos les otorga un abogado de oficio en situación de que no puedan contratar su propio abogado, pero la realidad de la situación, es que si hay un oficial que fue testigo que esa persona cruzó de manera ilegal, tratar de combatir o negar ese cargo muchas veces es muy difícil", agregó la abogada Ortega. "Ya una vez cuando están con inmigración, ya ahí es cuando la pelea, la batalla es si pueden permanecer en los Estados Unidos puestos en un proceso para ser regresados”.
Pero algunos inmigrantes han sido absueltos, como Adely Vanessa de la Cruz, a quien hace algunas semanas le retiraron cargos por acceso no autorizado a una zona militarizada.
“Sí la persona no sabía, si el gobierno no puede comprobar, no puede cumplir con el peso de prueba, que esta persona con conocimiento o intensión que esta persona quiso entrar a una zona militarizada, cuál era el propósito, cuál era el beneficio de hacerlo, el juez puede considerar desestimar los cargos”, dijo la abogada.
Alrededor de 11.900 soldados se encuentran actualmente en la frontera, a pesar de que según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, los cruces ilegales se han reducido considerablemente.
Will Mendoza
Spectrum Noticias
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