LOS ÁNGELES — La alcaldesa Karen Bass decretó el martes un toque de queda en el centro de Los Ángeles para frenar el vandalismo y los saqueos, mientras continuaban en la ciudad las protestas contra la intensificación de la aplicación de las leyes de inmigración por parte del presidente Donald Trump.
En una conferencia de prensa, Bass declaró una emergencia local y dijo que el toque de queda se extenderá desde las 8 p. m. del martes hasta las 6 a. m. del miércoles.
“Llegamos a un punto crítico” tras el saqueo de 23 negocios, declaró Bass.
Tiempo después del discurso de la alcadesa, el gobernador de California, Gavin Newsom, condenó el despliegue militar del presidente Trump para sofocar las protestas en Los Ángeles como un "abuso descarado de poder", afirmando que el presidente intensificó la situación al priorizar "la teatralidad sobre la seguridad pública".
El toque de queda se aplicará en una sección de 2,59 kilómetros cuadrados (1 milla cuadrada) del centro, que incluye la zona donde se han producido protestas desde el viernes. La ciudad de Los Ángeles abarca aproximadamente 2295 kilómetros cuadrados (500 millas cuadradas).
El toque de queda no se aplica a los residentes que viven en la zona designada, a las personas sin hogar, a los periodistas acreditados ni a los funcionarios de seguridad pública y emergencias, según el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.
McDonnell afirmó que el “comportamiento ilegal y peligroso” se ha intensificado desde el sábado.
“El toque de queda es una medida necesaria para proteger vidas y propiedades tras varios días consecutivos de creciente malestar en toda la ciudad”, declaró McDonnell.
El martes por la mañana, tropas de la Guardia Nacional comenzaron a proteger a los agentes de inmigración mientras realizaban arrestos en Los Ángeles, lo que representa una ampliación de sus funciones, que hasta entonces se limitaban a proteger propiedades federales. Fotos publicadas el martes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. muestran a tropas de la Guardia Nacional vigilando a los agentes mientras realizaban arrestos.
El ICE declaró en un comunicado que las tropas estaban brindando seguridad en instalaciones federales y protegiendo a los agentes federales que realizan operativos policiales diarios. Este cambio acerca a las tropas a participar en acciones de aplicación de la ley, como las deportaciones, como prometió el presidente Donald Trump como parte de la ofensiva migratoria de su administración.
La agencia indicó que miembros de la Guardia también están brindando apoyo con el transporte. La Guardia tiene la autoridad para detener temporalmente a quienes ataquen a los agentes, pero cualquier arresto sería realizado, en última instancia, por las fuerzas del orden.
Tropas de la Guardia Nacional e Infantes de Marina desplegados en Los Ángeles
Temprano el martes, el gobernador Newsom solicitó a un tribunal federal que impidiera al gobierno de Trump utilizar a la Guardia Nacional y a los Infantes de Marina para asistir en las redadas de inmigración en Los Ángeles, argumentando que esto solo aumentaría la tensión y promovería el malestar social.
Newsom presentó la solicitud de emergencia después de que Trump ordenara el despliegue en Los Ángeles de aproximadamente 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 infantes de Marina.
El gobierno federal afirmó que Newsom buscaba una orden sin precedentes y peligrosa que interferiría con su capacidad para llevar a cabo operaciones de cumplimiento de la ley. Un juez fijó una audiencia para el jueves.
Los infantes de marina y otros 2.000 efectivos de la Guardia Nacional fueron enviados a Los Ángeles el lunes, lo que se suma a una presencia militar que las autoridades locales y Newsom no desean y que, según el jefe de policía, dificulta la gestión segura de las protestas.
El general del Cuerpo de Infantería de Marina, Eric Smith, declaró el martes que los infantes de marina aún no habían sido llamados para responder a las protestas y que solo estaban allí para proteger a los funcionarios federales y sus propiedades. Los marines fueron entrenados para el control de multitudes, pero no tienen autoridad para arrestar, declaró Smith en una audiencia presupuestaria en el Capitolio.
Aún no se ha visto a marines en las calles, mientras que las tropas de la Guardia Nacional hasta el momento han tenido una interacción limitada con los manifestantes.
El alcalde y el gobernador han dicho que Trump está poniendo en riesgo la seguridad pública al aumentar el número de militares, a pesar de que la policía afirma no necesitar la ayuda.
Trump se muestra abierto a usar la Ley de Insurrección.
Trump dejó abierta la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección, que autoriza al presidente a desplegar fuerzas militares dentro de Estados Unidos para reprimir rebeliones o violencia doméstica, o para hacer cumplir la ley en ciertas situaciones. Es uno de los poderes de emergencia más extremos de que dispone un presidente estadounidense.
"Si hay una insurrección, sin duda la invocaría. Ya veremos", dijo desde el Despacho Oval.
Más tarde, el presidente llamó a los manifestantes "animales" y "enemigo extranjero" en un discurso en Fort Bragg, aparentemente para conmemorar el 250 aniversario del Ejército de los Estados Unidos.
Trump ha descrito Los Ángeles en términos terribles que, según Bass y Newsom, distan mucho de la verdad.
Las protestas comenzaron el viernes después de que las redadas federales de inmigración arrestaran a decenas de trabajadores en Los Ángeles. Los manifestantes bloquearon una importante autopista e incendiaron vehículos durante el fin de semana, y la policía respondió con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras.
Las manifestaciones se han concentrado principalmente en el centro de la ciudad de 4 millones de habitantes. Miles de personas se han manifestado pacíficamente frente al Ayuntamiento y cientos más protestaron frente a un complejo federal que incluye un centro de detención donde se encuentran detenidos algunos inmigrantes tras las redadas en sus lugares de trabajo.
El martes, unas pocas docenas de manifestantes se reunieron pacíficamente frente al complejo federal, que rápidamente fue declarado una asamblea ilegal. La policía emitió una orden de dispersión y acorraló a los manifestantes, diciendo a los miembros de los medios de comunicación que se mantuvieran fuera para evitar resultar heridos. Los agentes, provistos de bridas, comenzaron entonces a realizar arrestos.
McDonnell informó que la policía realizó 197 arrestos el martes, incluyendo 67 detenidos por ocupar ilegalmente parte de la autopista 101.
Varios negocios fueron asaltados el lunes, aunque las autoridades no aclararon si los saqueos estaban relacionados con las protestas.
La gran mayoría de los arrestos fueron por no dispersarse, mientras que algunos otros fueron por agresión con arma letal, saqueo, vandalismo e intento de asesinato por lanzar una bomba molotov. Se informó que siete policías resultaron heridos y al menos dos fueron trasladados a un hospital y dados de alta.
Las manifestaciones se han extendido a otras ciudades del estado y del país, incluyendo Dallas y Austin (Texas), Chicago y la ciudad de Nueva York, donde mil personas se manifestaron y se realizaron múltiples arrestos.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, sugirió el martes que el despliegue de tropas dentro de EE. UU. seguirá expandiéndose.
La respuesta de Los Ángeles se hace presente en el Capitolio.
El Pentágono afirmó que el despliegue de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina cuesta 134 millones de dólares.
Mientras tanto, miembros demócratas de la delegación del Congreso de California acusaron el martes al presidente de crear una "crisis artificial".
El lunes, el fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda para detener el despliegue.
Trump afirmó que la ciudad habría quedado "completamente destruida" si no hubiera desplegado a la Guardia.
Este despliegue parece ser la primera vez en décadas que la Guardia Nacional de un estado se activa sin una solicitud de su gobernador, una escalada significativa contra quienes han intentado obstaculizar las iniciativas de deportación masiva del gobierno.
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