WASHINGTON — Un juez federal dictaminó el miércoles que el gobierno del presidente Donald Trump debe otorgar a los más de 100 migrantes enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador la oportunidad de impugnar sus deportaciones.

El juez principal del tribunal de distrito, James Boasberg, afirmó que las personas que fueron enviadas a la prisión en marzo al amparo de una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII no han podido impugnar formalmente las deportaciones ni las acusaciones de que pertenecen a la pandilla venezolana Tren de Aragua. Le ordenó al gobierno que emprenda labores para ofrecerles una vía para presentar esas impugnaciones.

El juez escribió que ha surgido “evidencia significativa” que indica que muchos de los migrantes encarcelados en El Salvador no están relacionados con la pandilla “y por lo tanto languidecen en una prisión extranjera gracias a acusaciones endebles, e incluso frívolas.”

Boasberg le dio al gobierno un plazo de una semana para encontrar la manera en la que las "al menos 137" personas puedan presentar esas reclamaciones, incluso mientras se encuentran formalmente bajo la custodia de El Salvador. Se trata del más reciente capítulo en una saga jurídica de varios meses sobre el destino de las personas que fueron deportadas desde Estados Unidos hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.

Después de que Trump invocó en marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y se preparó para enviar aviones repletos de presuntos miembros de pandillas a El Salvador, fuera de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, Boasberg ordenó que los aviones volaran de regreso al país, exigencia que fue ignorada.

Boasberg ha encontrado causa probable para determinar al gobierno en desacato del tribunal después de que el vuelo aterrizó en la nación centroamericana. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se burló del hecho en las redes sociales —un mensaje que fue republicado por algunos de los principales asesores de Trump— diciendo: “Ups, demasiado tarde”.

La Corte Suprema federal dictaminó posteriormente que cualquier persona acusada en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros tiene derecho a apelar ante un juez para impugnar su designación como enemigo del Estado.

 

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Boasberg destacó que simplemente estaba aplicando ese principio a aquellos que habían sido expulsados del país.

Boasberg dijo que el gobierno “claramente privó” a los inmigrantes de la oportunidad de impugnar sus deportaciones antes de que fueran colocados a bordo de los vuelos. Por lo tanto, afirma que el gobierno ahora debe manejar los casos como “hubieran sido si el gobierno no hubiera proporcionado un proceso constitucionalmente inadecuado”.

En un pasaje que llamó la atención, Boasberg escribió que aceptó la declaración precintada del gobierno en la que brinda detalles del acuerdo con El Salvador para albergar a los deportados y cómo eso significa que los venezolanos están técnicamente bajo el control legal de El Salvador y no de Estados Unidos.

Pero, señaló que fue más difícil creer en esas representaciones "dado el preocupante comportamiento del gobierno a lo largo de este caso”.

Añadió que la Corte Suprema tuvo que intervenir nuevamente en la saga, para frenar un aparente esfuerzo por eludir este requisito con un vuelo nocturno desde Texas en abril. También destacó las comparaciones con otro caso en el que el gobierno federal admitió que deportó por error a un hombre de Maryland a El Salvador y por el que un juez, magistrados de apelación y la Corte Suprema de federal le han ordenado “facilitar” su regreso.

 

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