En Florida, los residentes, defensores de los inmigrantes y comisionados del condado Orange, continúan manifestando sus preocupaciones por lo que está ocurriendo desde que la policía local comenzó a colaborar con las autoridades migratorias federales.
Aquí las reacciones de los líderes comunitarios y defensores de derechos de inmigrantes.
“Está en sus manos cambiar el lenguaje y los diversos acuerdos con ICE para garantizar el seguimiento del debido proceso, que en inmigración varía de caso en caso”, comentó Ericka Gómez Tejeda, de Hope CommUnity Center.
También de algunos de los mismos comisionados del Condado de Orange que se conmovieron hasta las lágrimas, como fue el caso de la Comisionada Distrito 5 (D), Kelly Semrad.
Todo esto, en medio de la más reciente sesión de la Junta, donde la colaboración entre la cárcel local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), fue el tema central de la reunión pese a no estar en la agenda del día.
El convenio, aprobado en marzo con una votación de 5 a 2, permite a 17 empleados de la cárcel local recibir capacitación de ICE para actuar como agentes federales. Su labor incluye identificar, detener y transferir a inmigrantes que no tienen autorización legal para permanecer en el país, incluso cuando no enfrentan cargos estatales.
La medida, se justificó como parte de una obligación de cooperación entre agencias locales y federales.
“Una vez que las personas pagaron sus multas, pero por ejemplo entran a lo que le llaman el hold de “ICE”, se pierden en el sistema, ni siquiera ni los abogados, ni las familias, pueden encontrar a ese miembro, no hay un acceso de ver un detenido por qué está arrestado, dónde está, por cuánto tiempo, realmente, es preocupante”, dijo por su parte María Rebelles, miembro de la coalición ‘Inmigrants Welcome Here’.
El alcalde del condado, Jerry Demings, defendió inicialmente la aprobación del convenio, explicando que la cárcel debe cumplir con las leyes federales. Sin embargo, todos los miembros de la Junta reconocieron las preocupaciones de la comunidad.
“Yo, entiendo las preocupaciones que puedan tener relacionadas a sus familiares o conocidos, pero entiendo que todos saben dónde y a quienes pueden abordar para atender estos problemas también: sus oficiales federales”, declaró el alcalde Demings.
Datos del condado confirman que, desde enero hasta el 10 de mayo de este año: 438 personas fueron ingresadas en la cárcel solo por órdenes de ICE, sin cargos estatales.
Otras 684 personas, fueron detenidas por cargos locales y también, enfrentaron detenciones federales.
Mientras tanto, en la capital del estado, familiares de los 100 trabajadores de la construcción detenidos la semana pasada, alegan que han tenido problemas en localizarlos.
Aunque la Junta de Comisionados del Condado, no tomó una decisión final, el alcalde mostró el interés en reexaminar el convenio en las próximas semanas.
En Orlando
Jorge Vélez - Spectrum Noticias
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