Fuentes aseguran que la Administración Trump ha removido a cientos de niños migrantes de sus hogares y los han puesto bajo custodia del gobierno federal bajo el pretexto de que simplemente están verificando su bienestar.
El presidente Trump y sus asesores han señalado que una abundante cantidad de menores llegaron a la frontera sin un padre o tutor durante el gobierno de Joe Biden.
La administración también sostiene que cientos de miles de esos niños han desaparecido y podrían estar en peligro. Sin embargo, exfuncionarios de la Administración Biden y algunos expertos en inmigración aseguran que tal problema no existe.
Un vocero del FBI, que ha participado de los supuestos chequeos de bienestar, asegura que realizan estas acciones para proteger a los menores.
Un funcionario de las fuerzas del orden afirmó que algunos miembros de la agencia creen que el objetivo es encontrar a familiares de los niños, sin otro pretexto para investigar o arrestar.
¿Qué pasa con los niños no ciudadanos?
Cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detecta niños no ciudadanos sin estatus migratorio separados de sus padres, generalmente son transferidos a la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la misma entidad responsable de los menores no acompañados que cruzan la frontera. La ORR alberga y cuida al niño detenido hasta que es ubicado con un familiar u otro patrocinador autorizado, mientras se tramita el proceso migratorio. Existen ciertas vías para obtener ayuda migratoria, como el estatus de Menor Inmigrante Especial, que son específicas para los niños separados de sus padres.
Cuando tanto los padres como los niños no ciudadanos son detenidos, el Acuerdo de Conciliación Flores de 1997 otorga protección social —aunque no asistencia legal pública— a los niños bajo custodia migratoria.
El acuerdo también exige que los niños, sin demoras innecesarias, sean liberados de la detención y entregados a un patrocinador autorizado y adecuado. Sin embargo, el Tribunal dictaminó que este acuerdo no exige la liberación simultánea de los niños y sus padres detenidos. Esta última disposición sentó las bases legales para la política de separación familiar implementada durante el primer gobierno de Trump.
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