WASHINGTON — El Departamento de Seguridad Nacional les está notificando a más de 500 "jurisdicciones santuario" en todo Estados Unidos que el gobierno de Donald Trump las considera un obstáculo para hacer respetar las leyes de inmigración, mientras intenta incrementar la presión sobre las comunidades que cree se interponen al programa de deportaciones masivas del presidente.
El departamento publicó el jueves una lista de las jurisdicciones, y señaló que cada una recibirá una notificación formal de que el gobierno ha determinado que no cumplen y si se cree que están violando alguna ley penal federal. La lista fue publicada en el sitio web del DHS (siglas en inglés del departamento).
"Estos políticos de ciudades santuario están poniendo en peligro a los estadounidenses y a nuestras fuerzas policiales con el fin de proteger a extranjeros ilegales criminales (y) violentos", manifestó en un comunicado Kristi Noem, secretaria del DHS.
El gobierno de Trump ha apuntado repetidamente a comunidades, estados y jurisdicciones que, según dice, no están haciendo lo suficiente para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en sus intentos por cumplir las promesas de campaña del mandatario de expulsar a millones de personas que se encuentran en el país sin permiso.
La lista fue compilada utilizando varios factores, incluido el de si las ciudades o localidades dijeron ser jurisdicciones santuario, qué tanto acataban las peticiones de los funcionarios federales que hacen respetar las leyes de inmigración, si tenían restricciones para compartir información con los agentes migratorios, o si tenían protecciones jurídicas para personas que se encuentran en el país sin autorización, según el departamento.
Trump promulgó una orden ejecutiva el 28 de abril que requiere que el secretario de Seguridad Nacional y el secretario de Justicia publiquen una lista de estados y jurisdicciones locales que consideren que están obstruyendo las leyes federales de inmigración. La lista se actualizará con regularidad.
Posteriormente los departamentos y agencias federales —en trabajo conjunto con la Oficina de Administración y Presupuesto— tendrían la tarea de identificar subvenciones o contratos federales con esos estados o jurisdicciones locales que el gobierno federal considera son "jurisdicciones santuario" y suspender o rescindir el dinero, según la orden ejecutiva.
Si se notifica a las "jurisdicciones santuario" y el gobierno de Trump determina que "siguen en rebeldía", entonces el secretario de Justicia y el secretario de Seguridad Nacional están facultados para aplicar las "medidas jurídicas y policiales" que consideren necesarias para hacerlas cumplir.
No existe una definición específica ni jurídica de lo que constituye una "jurisdicción santuario". A menudo el término se usa para referirse a agencias policiales, estados o comunidades que no cooperan en el control de la inmigración no autorizada.
El ICE es responsable de hacer respetar las leyes de inmigración a nivel nacional, pero a menudo solicita ayuda estatal y local para alertar a las autoridades federales sobre inmigrantes buscados para su deportación y retener a esas personas hasta que agentes federales asuman su custodia.
Una forma en que el gobierno busca contar con apoyo estatal y local es a través de acuerdos del programa 287(g) con agencias policiales locales. Esos acuerdos les permiten a las agencias policiales locales asumir algunas funciones policiales para controlar la inmigración y con ello ampliar enormemente las capacidades del ICE. El número de esos acuerdos se ha disparado en sólo unos meses en el gobierno de Trump.
El ICE cuenta con unos 6.000 agentes —un número que ha permanecido estático en gran medida durante años—, los cuales son capaces de encontrar, arrestar y expulsar a los inmigrantes que están buscando. Al apoyarse en las policías locales, puede aumentar rápidamente el número de personal disponible para ayudar a llevar a cabo el programa de deportaciones masivas de Trump.
A menudo las comunidades que no cooperan con el ICE dicen que lo hacen porque los inmigrantes se sienten más seguros de recurrir a la autoridad si son testigos o víctimas de un delito. Y argumentan que la vigilancia de que se cumplan las leyes de inmigración es una tarea federal, y necesitan enfocar sus recursos limitados en combatir el crimen.
El gobierno de Trump ya ha tomado una serie de medidas dirigidas a estados y comunidades que no cooperan con el ICE, y se ha topado con resistencia en los tribunales. Una orden ejecutiva emitida por Trump instruye al secretario de Justicia y al secretario de Seguridad Nacional a retener dinero federal de las jurisdicciones santuario. Otra ordena a las agencias federales asegurar que los pagos a los gobiernos estatales y locales no "fomenten las llamadas políticas 'santuario' que buscan proteger a los extranjeros ilegales de la deportación".
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