WASHINGTON — La Corte Suprema volvió a allanar el camino para que el gobierno de Trump retire las protecciones legales temporales a cientos de miles de inmigrantes, elevando a casi un millón el número total de personas que podrían verse expuestas a la deportación.
Los jueces levantaron una orden de un tribunal inferior que mantenía vigentes las protecciones de la libertad condicional humanitaria para más de 500.000 migrantes de cuatro países: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La corte también permitió al gobierno revocar el estatus legal temporal de unos 350.000 migrantes venezolanos en otro caso.
El presidente republicano Donald Trump prometió durante la campaña electoral deportar a millones de personas, y durante su mandato ha buscado desmantelar las políticas del gobierno de Biden que crearon mecanismos para que los migrantes residieran legalmente en Estados Unidos.
Trump difundió rumores falsos de que inmigrantes haitianos en Ohio con estatus legal bajo el programa de libertad condicional humanitaria secuestraban y comían mascotas durante su único debate con el presidente Joe Biden, según documentos judiciales.
Su administración presentó una apelación de emergencia ante la Corte Suprema después de que un juez federal en Boston bloqueara la iniciativa de la administración para finalizar el programa.
La juez Kentanji Brown Jackson escribió en disidencia que el efecto de la orden judicial es "ver cómo las vidas de medio millón de migrantes se desmoronan a nuestro alrededor antes de que los tribunales decidan sus demandas legales". La jueza Sonia Sotomayor se unió a la disidencia.
Jackson se hizo eco de lo que escribió la jueza de distrito estadounidense Indira Talwani al dictaminar que la eliminación anticipada de las protecciones legales dejaría a las personas ante una dura disyuntiva: huir del país o arriesgarse a perderlo todo. Talwani, designada por el presidente demócrata Barack Obama, determinó que se pueden revocar las libertades condicionales, pero caso por caso.
Su fallo se produjo a mediados de abril, poco antes de la fecha prevista para la cancelación de los permisos. Un tribunal de apelaciones se negó a levantar su orden.
La orden de la Corte Suprema no es definitiva, pero significa que las protecciones no estarán vigentes mientras el caso siga su curso. Ahora regresa al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de EE. UU. en Boston.
El Departamento de Justicia argumenta que las protecciones siempre fueron temporales y que el Departamento de Seguridad Nacional tiene la facultad de revocarlas sin intervención judicial. El gobierno afirma que Biden otorgó la libertad condicional en masa y que la ley no exige revocarla individualmente.
Abordar cada caso individualmente sería una "tarea gigantesca" y retrasaría los esfuerzos del gobierno para presionar por su eliminación, argumentó el Procurador General D. John Sauer.
Biden utilizó la libertad condicional humanitaria más que cualquier otro presidente, empleando una autoridad presidencial especial vigente desde 1952.
Entre los beneficiarios se encontraban las 532,000 personas que llegaron a Estados Unidos con patrocinadores financieros desde finales de 2022, dejando a sus países de origen sumidos en la "inestabilidad, los peligros y las privaciones", según explicaron los abogados de los migrantes. Tuvieron que viajar a Estados Unidos por cuenta propia y contar con un patrocinador financiero para optar a la designación, que tiene una duración de dos años.
La decisión de la administración Trump fue la primera revocación masiva de la libertad condicional humanitaria, según los abogados de los migrantes. Calificaron las medidas de la administración Trump como "el mayor evento de ilegalización masiva en la historia moderna de Estados Unidos".
El caso es el último de una serie de apelaciones de emergencia que la administración ha presentado ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con la inmigración.
La corte ha fallado en contra de Trump en otros casos, incluyendo la ralentización de sus esfuerzos para deportar rápidamente a venezolanos acusados de ser pandilleros a una prisión en El Salvador, en virtud de una ley de guerra del siglo XVIII llamada Ley de Enemigos Extranjeros.
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