La decisión del gobierno del presidente Trump de enviar a migrantes venezolanos a El Salvador, acusándolos de ser miembros del grupo delictivo, Tren de Aragua, fue cuestionada en una audiencia en un tribunal federal de apelaciones en Washington.
Este lunes, tres jueces escucharon argumentos sobre si deben levantar el bloqueo que impide a la administración Trump usar una antigua ley de guerra para efectuar deportaciones rápidas.
La jueza Patricia Millett criticó la medida. Ella dijo que las personas deportadas el 15 de marzo no tuvieron ninguna oportunidad de impugnar su expulsión ni de responder a las acusaciones del gobierno antes de que los aviones despegaran.
Afirmó que “había aviones llenos de personas y no había ningún procedimiento para notificarles,” y dijo que “Los nazis recibieron mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.”
Drew Ensign, el abogado del Departamento de Justicia, le respondió que rechazaba firmemente esa comparación.
El caso gira en torno a una ley de 1798 que permite deportar extranjeros sin audiencia si son considerados enemigos.
Trump usó esa norma, sin aplicar desde la Segunda Guerra Mundial, para enviar a venezolanos a El Salvador, acusándolos de pandilleros miembros del Tren de Aragua.
Un juez de la corte de apelaciones calificó al uso de dicha ley como un territorio sin precedentes.
La semana pasada, el juez federal James Boasberg bloqueó las deportaciones, diciendo que los afectados tenían derecho a defenderse.
Pero los vuelos ya estaban en el aire y no regresaron, pese a la orden del magistrado.
Grupos de derechos civiles advierten que el hecho de que el presidente pueda etiquetar a cualquiera como enemigo, podría comenzar deportar sin control.
Al cerrar la audiencia, el abogado del Departamento de Justicia dijo que el gobierno no cree estar obligado a notificar a las personas antes de expulsarlas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
El panel de tres jueces no anunció una fecha para su decisión, pero se espera que el fallo pueda llegar en cualquier momento.
Mientras tanto, en El Salvador, los abogados de 30 de los 200 migrantes venezolanos detenidos en una cárcel de máxima seguridad están pidiendo su liberación y repatriación, alegando que fueron trasladados sin el debido proceso.
“Son personas que han migrado de su país Venezuela, no tienen ningún antecedente criminal para determinar tal situación, que no tenemos acá ni un ápice de elementos de pruebas que determinen que esta personas pertenezcan a esa agrupación criminal.”
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