El envío de más de 200 inmigrantes a El Salvador por la administración de Trump sigue generando más preguntas que respuestas.
La Unión Americana de Libertades Civiles le pidió a un juez que obligue a funcionarios de la administración Trump a declarar bajo juramento si violó una orden judicial al deportar a esos migrantes, pese a la prohibición del tribunal.
El presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa poco usada, para deportar a presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua.
Sin embargo, el sábado en la noche, el juez James Boasberg prohibió nuevas deportaciones bajo esta ley por 14 días, mientras se revisa su legalidad.
El magistrado señaló que cualquier avión con los migrantes por despegar o en el espacio aéreo estadounidense debía regresar.
Los demandantes argumentan que dos aviones que despegaron de Texas y que estaban en el aire en ese momento continuaron hacia El Salvador.
Un tercer avión aparentemente despegó después de la audiencia.
La ACLU argumenta que el gobierno sólo aplicó la orden a quienes aún estaban en EE.UU. o dentro de su espacio aéreo hasta las 7:26 de la noche. Y acusan al gobierno de violar la orden del tribunal.
La Casa Blanca niega haber desobedecido la orden y admite que algunos deportados ya no estaban en el país cuando fue emitida.
La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, defendió la medida de Trump, asegurando que cumple su promesa de exigir justicia para las víctimas de la banda Tren de Aragua y que sus políticas han reducido los cruces ilegales.
Por su parte, Tom Homan, el zar de la frontera destaca que el Tren de Aragua ha sido designada como una organización terrorista y representa una amenaza para el país.
“Sabemos que están infiltrados en las fuerzas del régimen de Maduro y han invadido nuestro país con violencia y drogas como el fentanilo”, asegura Homan.
El gobierno también está pidiendo que el juez se retire del caso.
Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y abogado principal nos dijo por medio de un comunicado y citamos:
“La intención de la administración Trump de utilizar una autoridad de tiempos de guerra para hacer cumplir las leyes de inmigración es tan sin precedentes como ilegal. Puede ser la medida más extrema que ha tomado hasta ahora, y eso dice mucho”.
El congresista Adriano Espaillat condenó las deportaciones.
“En este caso él ha evitado y violado directamente lo que el tribunal le ha dicho, lo pone a él en una situación, yo diría, precaria legalmente.”
Desde la ACLU, advierten que este caso podría llegar hasta la Corte Suprema.
Y aseguran que seguirán luchando para detener deportaciones arbitrarias bajo la ley de Enemigos Extranjeros.
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