Tan pronto como la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, juramentó este miércoles en una ceremonia en la Oficina Oval de la Casa Blanca, emitió varias órdenes entre las que se encuentran retirar los fondos del departamento de justicia para las ciudades santuario.
Además, afectaría a las que se nieguen a cooperar con las autoridades federales de inmigración.
Eli Valentín, analista politico dice: “Es una decisión dirigida por ciertas posturas políticas, las cuales indican preocupación por la dirección que puede tomar el Departamento de Justicia. El tipo de objetividad que conlleva ejecutar la ley."
Entre los estados santuarios se encuentran California y Connecticut, mientras que entre las ciudades están Chicago, Philadelphia y Washington, D.C. y la ciudad de Nueva York.
La fiscal aseguró que actualmente, las ciudades santuario se niegan a alertar a las autoridades migratorias cuando encuentran o detienen a indocumentados y que, cuando terminan de cumplir su condena en prisiones estatales o cárceles locales, son liberados en vez de entregarlos al servicio de Inmigración y Control de Aduanas o ICE para ser deportados.
En un memorándum la fiscal Bondi señaló y dijo en parte: "De conformidad con las leyes, reglamentos, órdenes judiciales y condiciones aplicables. El Departamento de Justicia suspenderá la distribución de todos los fondos hasta que se haya completado una revisión, rescindirá cualquier acuerdo que infrinja la ley o sea fuente de despilfarro, fraude o abuso, e iniciará procedimientos de recuperación o restitución, cuando proceda.”
“El recurso financiero del Estado a las ciudades, porque las ciudades utilizan eso para muchas cosas, como los programas de servicio social o la seguridad…”, añade Valentín.
Asimismo, la fiscal ha indicado que ha pedido para que el "weaponization group", o arma política investigue al fiscal especial Jack Smith, quien acusó al presidente Trump de dos cargos criminales, uno por papel que desempeñó el presidente en las revueltas del 6 de enero de 2021 en el capitolio, y la otra por mal uso o archivo de documentos clasificados en poder del presidente Trump, cuando terminó su primer mandato.
Y este jueves el gobierno de Trump demandó a Chicago, alegando que las leyes de "santuario" en la tercera ciudad más grande de la nación "frustran" los esfuerzos federales para hacer cumplir las leyes de inmigración.
La demanda, que también nombra al estado de Illinois, es el esfuerzo más reciente encaminado en tomar medidas enérgicas contra los lugares que limitan la cooperación entre los agentes federales de inmigración y la policía local.
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