Aníbal, nombre que usaremos para preservar su identidad, hace varios meses que confió el proceso migratorio de su esposa a un notario público del estado de la Florida que más tarde terminó convirtiéndose en una pesadilla.
“Primeramente, ellos lo que hacen es pedirte dinero por adelanto para agilizar el proceso. En este caso, nosotros estábamos metiendo un caso de asilo político”, dice.
“Se le pagó por adelantado una parte del dinero, ya cuando le pagamos la primera parte del dinero, se llegó el tiempo de poner huellas. Él dio la dirección de su casa o de su oficina y resulta que nunca nos llegó la confirmación para poner huellas. Lo llamé y me dijo que eso no era culpa de él y que teníamos que pagar para agilizar el proceso”, agrega.
Casos como el de Aníbal no son aislados en Florida. Ahora, un proyecto de ley estatal avanza con fuerza.
El Proyecto de Ley HB 915 establece que ninguna persona o negocio podrá utilizar términos como “notario”, “notario público”, o “consultor de inmigración” o similares en su publicidad o identificación comercial a menos que estén debidamente acreditados como abogados o representantes autorizados por el Departamento de Justicia Federal.
Johanna López, representante del distrito 23 explica: “Estas personas van a tener una repercusión si se atreven a engañar a nuestra gente, diciéndole: “Te voy a hacer los papeles” y después nuestra gente, se ve en esta situación donde nunca le hicieron los papeles, la persona se desapareció, no pudieron obtener su residencia ni sus permisos de trabajo.
Entonces vemos a nuestros inmigrantes escondiéndose y no se atreven demandar a estos inescrupulosos porque obviamente, tienen miedo”.
Además, el proyecto exige una divulgación visible y clara en inglés, español y en todos los idiomas en los que se ofrezcan los servicios, indicando que la persona no está autorizada a brindar asesoramiento legal sobre inmigración ni a representar casos ante el gobierno.
Esta nota debe estar visible en sus oficinas y redes sociales.
El HB 915, permitiría que las víctimas de fraude presenten demandas civiles para buscar compensaciones económicas.
Para la abogada de inmigración, Sheila Rodríguez, este proyecto de ley, beneficiaría tanto a los abogados de inmigración, como a la comunidad que busca completar sus procesos migratorios… No obstante, alega que hace falta más fiscalización de los notarios públicos.
“Necesitamos saber, como ellos pretenden realizar el cumplimiento de esta ley, porque es muy fácil poner en papel que necesitan estas personas identificar con un letrero visibles que no son abogados: ¿cómo vamos a estar seguros de qué estas personas van a cumplir con lo establecido? ¿cómo vamos a saber cuál es el monto que están autorizados estas víctimas de fraude a recibir por concepto de costas, gastos, honarios de abogados y daños?”, se pregunta Rodríguez.
El Proyecto de Ley HB-915, fue aprobado por la Cámara de Representantes estatal el pasado 24 de abril y ahora se encuentra en calendario para su votación en el Senado. De ser aprobado, pasaría al escritorio del gobernador, Ron DeSantis.
Jorge Vélez, Spectrum Noticias, Florida.
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