Alentados por el sentimiento anti inmigrante que ha desatado las políticas del presidente Trump, algunos funcionarios están dispuestos a transgredir las leyes “santuario” locales y estatales, sólo en casos excepcionales, esto es, cuando un detenido representa una auténtica amenaza.
Este es el caso de Gary Redman, el alguacil del condado Amador en California, a unos 600 kilómetros de Los Ángeles, quien dice estar dispuesto a infringir la Ley SB 54, también conocida como la Ley de Valores de California, que prohíbe a las fuerzas del orden estatales y locales aplicar las leyes federales de inmigración y contactar a ICE, pues su prioridad es la seguridad pública.
En esencia, esta ley aprobada en el año 2017, limita la participación de la policía local en la aplicación de la ley migratoria federal y protege los derechos de los inmigrantes al garantizar que no se les pueda preguntar sobre su estatus migratorio ni se les detenga solo por ello.
“Si alguien que pasa por mi centro penitenciario ha cometido un delito violento y atroz, representa una amenaza para nuestra comunidad y, de alguna manera será liberado antes de cualquier proceso judicial, sin una condena, entonces voy a colaborar con inmigración y no lo liberaré de nuevo en la comunidad”, asevera Redman
El alguacil afirma que antes del año 2017, contactaban a ICE entre tres y cuatro veces al año, principalmente en relación con personas indocumentadas arrestadas en operativos de narcóticos.
“Si no representas un riesgo para la seguridad pública. No vamos a involucrarnos en ningún tipo de control migratorio. Ese no es mi trabajo, señala Redman, al tiempo de enfatizar que respeta la ley SB 54 y la cumple en el 99%de los casos.
El Departamento de Justicia ha amenazado con enjuiciar a las fuerzas del orden locales que incumplan las leyes federales de inmigración, lo que ha generado inquietud en comunidades inmigrantes, como las de la ciudad norteña de Davis en California, donde organizaron un foro comunitario sobre inmigración.
Ahí el jefe de policía de la ciudad, Todd Henry, expresó su apoyo a la ley estatal para fortalecer los lazos comunitarios.
“Quiero que nuestra comunidad confíe en nosotros y sepa que cumpliremos con la ley según lo estipulado por el estado de California”, expresó Henry.
Este lunes el presidente Trump firmó varias órdenes ejecutivas, una de ellas se centra en combatir lo que llama una “insurrección” de jurisdicciones que se niegan a colaborar con las leyes migratorias federales.
Según la disposición firmada el 28 de abril desde la Casa Blanca, la administración apunta contra las ciudades santuario, que evitan colaborar con las fuerzas federales en materia migratoria. Amenazando con una lista de sanciones, como retirar la ayuda de fondos federales y hasta contratos con agencias gubernamentales.
El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, recientemente aseguró que cumplirán con la ley del estado.
“Tenemos muy clara nuestra política que rige desde 1979, y es que el Departamento de Policía de Los Ángeles no participa en la aplicación de la ley migratoria civil”, enfatizó McDonnell.
El alguacil Gary Redman, afirma que ha habido algunas críticas por su postura, pero en general, dice contar con el respaldo de la comunidad y que ha buscado asesoramiento sobre posibles demandas del estado por su postura.
Jean Paul Dávila - Spectrum Noticias
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