WASHINGTON — Inicialmente, el colegio de abogados de inmigración comenzó a recibir consultas de un par de estudiantes al día. Se trataba de extranjeros que estudiaban en Estados Unidos y que, a principios de abril, descubrieron que su estatus legal había sido cancelado con poca antelación. Hasta donde sabían, ninguno de los estudiantes había cometido un delito que justificara la deportación.

En los últimos días, las llamadas han comenzado a llover. Cientos de estudiantes han llamado para informar que han perdido su estatus legal y buscan asesoramiento sobre qué hacer a continuación.

“Pensábamos que sería algo inusual”, dijo Matthew Maiona, un abogado de inmigración con sede en Boston que recibe unas seis llamadas diarias de estudiantes internacionales en pánico. “Pero ahora parece que está sucediendo con mucha rapidez”.

La velocidad y el alcance de los esfuerzos del gobierno federal para cancelar el estatus legal de los estudiantes internacionales han sorprendido a las universidades de todo el país. Pocos ámbitos de la educación superior han quedado intactos, ya que instituciones como prestigiosas universidades privadas, grandes instituciones públicas de investigación y pequeñas universidades de artes liberales han descubierto, una tras otra, la cancelación de su estatus migratorio entre sus estudiantes.

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Al menos 600 estudiantes de más de 90 universidades han visto revocadas sus visas o cancelado su estatus legal en las últimas semanas, según una revisión de Associated Press de declaraciones universitarias y correspondencia con funcionarios escolares. Grupos de defensa que recopilan informes de las universidades afirman que cientos de estudiantes más podrían verse afectados por la represión.

Estudiantes aparentemente perseguidos por infracciones menores.

Alrededor de 1,1 millones de estudiantes internacionales estuvieron en Estados Unidos el año pasado, una fuente de ingresos esencial para las universidades con matrículas fijas. Los estudiantes internacionales no son elegibles para ayuda financiera federal, y su capacidad para pagar la matrícula a menudo influye en su admisión en las universidades estadounidenses. A menudo, pagan el precio completo.

Muchos de los estudiantes que pierden su estatus legal provienen de India y China, que juntos representan más de la mitad del alumnado internacional en las universidades estadounidenses. Pero las cancelaciones no se han limitado a personas de una sola parte del mundo, afirmaron los abogados.

Cuatro estudiantes de dos universidades de Michigan están demandando a funcionarios de la administración Trump tras la cancelación de su estatus de estudiante F-1 la semana pasada. Su abogado, Ramis Wadood, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), afirmó que los estudiantes nunca recibieron una razón clara.

"No lo sabemos, y eso es lo que da miedo", declaró.

Los estudiantes fueron informados por correo electrónico de la cancelación de su estatus por sus universidades, lo cual fue una sorpresa, explicó Wadood. La razón esgrimida fue que se les realizó una "verificación de antecedentes penales o que su visa fue revocada", explicó Wadood, pero ninguno de ellos fue acusado ni condenado por ningún delito. Algunos tenían multas por exceso de velocidad o estacionamiento, pero uno no tenía ninguna, añadió. Solo uno de los estudiantes sabía que su visa de entrada había sido revocada, añadió Wadood.

El mes pasado, el Secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que el Departamento de Estado estaba revocando las visas de visitantes que actuaban en contra de los intereses nacionales, incluyendo a algunos que protestaron contra la guerra de Israel en Gaza y a quienes enfrentan cargos penales.

Sin embargo, muchos estudiantes afirman no estar incluidos en esas categorías. Han presentado demandas en varios estados, argumentando que se les negó el debido proceso.

En New Hampshire, un juez federal otorgó la semana pasada una orden de restricción temporal para restablecer el estatus de un estudiante de doctorado en Dartmouth College, Xiaotian Liu, mientras impugna la revocación de su visa.

En una ruptura con el pasado, los federales cancelan el estatus de los estudiantes directamente.

En muchas universidades, los funcionarios se enteraron de que el estatus migratorio legal de algunos estudiantes internacionales había sido cancelado cuando el personal consultó una base de datos administrada por el Departamento de Seguridad Nacional. Anteriormente, según funcionarios universitarios, los estatus legales solían actualizarse después de que las universidades informaran al gobierno que los estudiantes ya no estudiaban en la institución.

El sistema para rastrear la matriculación y los movimientos de estudiantes internacionales quedó bajo el control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después del 11-S, afirmó Fanta Aw, directora ejecutiva de NAFSA, una asociación de educadores internacionales. Añadió que los recientes acontecimientos han generado temor en los estudiantes por la rapidez con la que pueden verse perjudicados por las autoridades.

"Basta con un pequeño número para generar temor", afirmó Aw. "No hay claridad sobre las razones ni el alcance de esto".

Su grupo afirma que, según informes de las universidades, hasta 1300 estudiantes han perdido sus visas o se les ha cancelado su estatus.

El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado no respondieron a los mensajes solicitando comentarios.

Los extranjeros sujetos a procedimientos de deportación suelen recibir una notificación para comparecer ante un tribunal de inmigración en una fecha determinada, pero los abogados afirman que los estudiantes afectados no han recibido ninguna notificación, lo que les deja inseguros sobre los próximos pasos a seguir.

Algunas escuelas han recomendado a los estudiantes que abandonen el país para evitar el riesgo de ser detenidos o deportados.

Sin embargo, algunos estudiantes han apelado las cancelaciones y permanecieron en Estados Unidos mientras se procesan.

Otros, atrapados en un limbo legal, ni siquiera son estudiantes. Permanecieron en EE. UU. después de graduarse en "capacitación práctica opcional", un período de un año —o hasta tres para graduados en ciencia y tecnología— que permite trabajar en EE. UU. tras completar un título académico. Durante ese tiempo, el graduado trabaja en su campo y espera recibir su visa H-1B u otras visas de trabajo si desea seguir trabajando en EE. UU.

Alrededor de 242,000 extranjeros en EE. UU. se emplean a través de esta "capacitación práctica opcional". Unos 500,000 cursan estudios de posgrado y otros 342,000 son estudiantes de pregrado.

Entre los estudiantes que han presentado demandas se encuentra un estudiante de doctorado de Georgia Tech que se graduará el 5 de mayo con una oferta de trabajo para unirse al profesorado. Su abogado, Charles Kuck, afirmó que el estudiante probablemente fue objeto de expulsión debido a una multa de tráfico impaga por haberle prestado su coche a un amigo. Finalmente, la infracción fue desestimada.

“Tenemos un caso tras otro exactamente igual, sin ningún delito subyacente”, declaró Kuck, quien representa a 17 estudiantes en la demanda federal. Añadió que su bufete ha escuchado a cientos de estudiantes.

“Estos jóvenes ahora, bajo la administración Trump, se dan cuenta de que su situación es frágil”, afirmó. “Se han aprovechado de una población muy vulnerable. Estos jóvenes no se esconden. Están estudiando”.

Algunos estudiantes internacionales han adaptado sus rutinas diarias.

Una estudiante de doctorado de China en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill comentó que ha comenzado a llevar consigo su pasaporte y documentación de inmigración por recomendación de la oficina de estudiantes internacionales de la universidad. La estudiante, que habló bajo condición de anonimato por temor a ser blanco de las autoridades, expresó su angustia al ver las expulsiones incluso de estudiantes como ella sin antecedentes penales.

“Esa es la parte más aterradora porque no sabes si serás la siguiente persona”, dijo. 

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