WASHINGTON — Un juez federal que examina el uso por parte del gobierno del presidente Donald Trump de una ley de guerra del siglo XVIII para deportar a inmigrantes venezolanos a El Salvador se comprometió el viernes a "llegar al fondo" de si el gobierno desobedeció su orden de que los aviones se regresaran a Estados Unidos en pleno vuelo.
El juez James Boasberg, quien preside el tribunal, está tratando de determinar si el gobierno ignoró el fin de semana pasado su orden de que los aviones regresaran, cuando al menos dos de ellos con inmigrantes aún estaban en el aire.
"Voy a llegar al fondo de si violaron mi orden, quién ordenó esto y cuáles serán las consecuencias", declaró Boasberg durante una audiencia para una demanda que impugna las deportaciones.
Más temprano el viernes, el Departamento de Justicia le informó al juez que altos líderes del gobierno de Trump están debatiendo si invocar un "privilegio de secretos de Estado" en respuesta a las preguntas del juez de distrito sobre los vuelos de deportación.
El subsecretario de Justicia Todd Blanche indicó en un documento judicial que hay "discusiones en curso a nivel de gabinete" sobre la exigencia de Boasberg de que se proporcione más información. Boasberg le ordenó al gobierno de Trump que proporcionara más detalles sobre los vuelos o que afirmara que divulgar la información perjudicaría "secretos de Estado".
En gran medida, el gobierno republicano se ha resistido a la solicitud del juez, calificándola de una "expedición de pesca judicial innecesaria".
Boasberg declaró que la respuesta gubernamental era "lamentablemente insuficiente", lo que incrementa la posibilidad de que pueda declarar a funcionarios del gobierno en desacato al tribunal.
El gobierno de Trump ha transferido a cientos de inmigrantes venezolanos a El Salvador bajo la ley del siglo XVIII. Los vuelos estaban en el aire el sábado pasado cuando Boasberg —oralmente, desde el estrado— emitió una orden que prohibía temporalmente las deportaciones y ordenó que los aviones regresaran a Estados Unidos.
El Departamento de Justicia ha dicho que las instrucciones orales del juez no contaban, que sólo era necesario acatar su orden escrita, y que no podía aplicarse a vuelos que ya habían partido del país.
Trump y algunos aliados republicanos han pedido un juicio político a Boasberg, quien fue nominado por el presidente demócrata Barack Obama. En una declaración poco común esta semana, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, señaló que "el juicio político no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial".
Durante la audiencia del viernes, Boasberg indicó que la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del gobierno de Trump para deportar a inmigrantes venezolanos conlleva "ramificaciones políticas increíblemente problemáticas".
La ley permite que los no ciudadanos sean deportados sin tener oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o de un tribunal federal. La proclama de Trump el sábado calificó a la pandilla Tren de Aragua de ser una fuerza invasora.
"¿Por qué esta ley prácticamente se firmó en la oscuridad, y en esencia estas personas fueron apresuradas a subir a los aviones?", preguntó Boasberg. "Parece que uno sólo hace eso si sabe que es un problema y quiere sacarlos del país antes de que se puedan presentar demandas".
Boasberg presionó al abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, para que explicara cómo los inmigrantes venezolanos que se ven afectados por la proclama de Trump pueden impugnar sus deportaciones antes de ser expulsados de Estados Unidos. El juez se refirió al hallazgo de la Corte Suprema federal de que las personas encarceladas en Bahía de Guantánamo tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contaban con el derecho a impugnar si tenían algún vínculo con Al Qaeda o no.
Ensign indicó que el Departamento de Seguridad Nacional se está apegando a la ley durante las deportaciones, y que las personas podrían presentar impugnaciones en forma individual en Texas, donde fueron detenidas antes de ser enviadas a El Salvador.
Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, observó que el gobierno estableció una junta de audiencias administrativas durante la Segunda Guerra Mundial para darles a las personas la oportunidad de impugnar su remoción.
"No había este tipo de remociones sumarias", agregó Gelernt, un abogado de los inmigrantes deportados.
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